El Gobierno de Israel ha anunciado este martes su decisión de renovar la transferencia de los impuestos que Tel Aviv recauda a nombre de la Autoridad Palestina, que congeló en noviembre, apenas unos días después del reconocimiento de Palestina como estado no miembro observador de Naciones Unidas.

La transferencia de los fondos de septiembre ha sido ordenada por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, si bien fuentes de su oficina citadas por el diario israelí 'Haaretz' han recalcado que es una decisión temporal debido a la crisis que atraviesa la Autoridad Palestina, y que la continuidad de la entrega se debatirá el mes que viene.

Durante este miércoles se producirá una reunión entre miembros de los ministerios de Finanzas israelí y palestino para comparar las cuentas y acordar la cantidad que ha de ser entregada por Tel Aviv. El total está estimado en unos 400 millones de shekels (alrededor de 80 millones de euros).

En las últimas semanas, tanto la Autoridad Palestina como la comunidad internacional se han mostrado muy críticos con Israel por su decisión. A principios de año, el primer ministro de la Autoridad Palestina, Salam Fayyad, afirmó que la Autoridad Palestina estaba al borde de la bancarrota a causa de la crisis económica que atraviesa desde hace dos años, que achacó a las políticas de Israel y varios países árabes a causa de la retirada de los fondos de ayuda.

Fayyad acusó a Israel de la situación por su decisión de congelar el pago de los impuestos que recolecta en su nombre y tildó de "acto de piratería" la utilización de los mismos para pagar las deudas de la población con la Compañía Eléctrica de Israel.

En virtud del protocolo de París de 1994, Israel suele ejercer funciones de recaudación de impuestos para el Gobierno palestino, obteniendo cantidades aproximadas de unos 80 millones de euros mensuales que envía posteriormente a la Autoridad Palestina.

Sin embargo, antes de la aprobación del nuevo estatus de Palestina, el ministro de Finanzas israelí, Yuval Steinitz, avanzó sus intenciones de congelar este envío como medida de presión para impedir que el presidente palestino, Mahmud Abbas, llevara a buen término su iniciativa ante la Asamblea General de la ONU.

Poco después, el entonces ministro de Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, subrayó que "los palestinos no verán ni un céntimo" de los impuestos durante un periodo de al menos cuatro meses y justificó la decisión argumentando que el dinero será empleado en su lugar para saldar la deuda que la Autoridad Palestina mantiene con la empresa estatal de energía de israelí.

En 2011, el Gobierno israelí congeló la transferencia de 77 millones de euros en concepto de impuestos en respuesta a una iniciativa palestina para garantizar su reconocimiento como estado independiente, y tras la entrada de Palestina en la UNESCO. El Gobierno israelí liberó los fondos en noviembre de ese año aunque los palestinos declararon que su economía había quedado gravemente dañada durante la paralización del dinero.