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miércoles, 26 de junio de 2013

Austeridad y control político del conocimiento


Ya he explicado en otros artículos y en el libro Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero que escribí con Vicenç Navarro que los recortes de gasto que llevan consigo las políticas de austeridad son un auténtico engaño.

Se justifican diciendo que solo con ellos se puede recortar la deuda para que a continuación vuelva a generarse crecimiento y empleo, pero lo que demuestran los estudios empíricos es lo contrario. Al recortar el gasto en etapas de recesión (ya de por sí de gasto insuficiente) lo que sucede es que disminuye la actividad, el empleo y los ingresos y que, por tanto, finalmente aumenta aún más la deuda.

Además, cuando estas políticas de recortes se presentan como de austeridad tienen también otro efecto no menos importante a la hora de garantizar el sometimiento de la población. Cuando lo que se reclama es la austeridad -algo con lo que nadie puede estar en desacuerdo- se está sugiriendo que es imprescindible una terapia frente a un despilfarro anterior. O, como suele decirse, para pagar el pecado de haber vivido "por encima de nuestras posibilidades". Su imposición genera en la gente un sentimiento de culpa que atemoriza, confunde y paraliza.

Pero, con independencia de ello, los recortes de gasto público social también llevan consigo otras consecuencias muy peligrosas de los que se habla aún menos. Por ejemplo, un mayor control político del conocimiento.

Con la excusa de que hay que recortar gastos se ha reducido la financiación a la universidad pública y se están aprovechando los recortes para concederle un papel mucho más determinante aún en toda la actividad universitaria a la evaluación de la actividad investigadora del personal universitario, que en España se realiza desde hace años mediante los llamados sexenios (unos complementos salariales que nacieron para retribuir la productividad investigadora y que se han convertido en medida de su "calidad") y los procedimientos de acreditación que llevan a cabo las agencias de evaluación nacional o autonómicas.

Yo soy totalmente partidario de que se evalúe la actividad docente e investigadora de los universitarios. Y de hecho, cuando fui vicerrector de ordenación académica y profesorado de la universidad de Málaga entre 1987 y 1990, puse en marcha uno de los primeros procedimientos de evaluación que se realizaron en España, tanto en los dos primeros ciclos como en el doctorado.

Pero lo que ahora se está produciendo es un verdadero control político del conocimiento cuando se empiezan a establecer las nuevas obligaciones docentes (horas de clase) o cuando se hace depender la participación en comisiones de selección, la dirección de tesis doctorales o la promoción a las diferentes categorías contractuales o del funcionariado, entre otras cosas, en función de los sexenios o de la acreditación conseguidos en procesos de evaluación que, sobre todo en algunas áreas del conocimiento, son claramente arbitrarios y muy sesgados ideológicamente.

En España como en otros países, estos procesos se basan originalmente en criterios puramente cuantitativos que simplifican al extremo la valoración de la producción científica, reduciendo o eliminando por completo cualquier atisbo de debate o controversia sobre su calidad efectiva, mediante la aplicación de índices que solo pueden tener en cuenta (en el mejor de los casos) el número de publicaciones más o menos ponderado por rangos no menos discutibles referentes a las revistas donde aparecen, y el número de citas.

Los efectos de este tipo de evaluaciones son claros. Los investigadores, en lugar de tener como objetivo de su actividad científica el descubrir nuevos conocimientos, han de orientarla necesariamente a obtener el mayor número de publicaciones consideradas como valiosas por dichos indicadores. Así ha de ser, pues de ello va a depender sus financiación, su promoción profesional, su capacidad de decisión y su incardinación en la academia o incluso las horas de clase que van a tener que impartir.

Ese incentivo perverso tiene multitud de efectos negativos. Así, se promueve la firma colectiva como práctica oportunista para lograr más y más rápidas aportaciones susceptibles de ser valoradas positivamente aunque en la mayoría de las veces eso no responda ni a la realidad de la actividad realizada por cada investigador, ni a necesidades de división del trabajo científico que se realiza.

Además, la exigencia de multiplicar al máximo la publicaciones lleva a que resulte más rentable a los investigadores el dedicarse a versionarsin descanso un trabajo, descubrimiento o planteamiento o modelo original a base de introducir muy pequeñas variaciones posteriores que se dirigen a diferentes revistas, sin que ninguna de ellas suponga alguna novedad importante o un incremento efectivo del conocimiento.

Un estudio realizado en Francia al respecto ha mostrado claramente que aunque el numero de publicaciones en el área de economía se ha triplicado desde la mitad de los años 90 del siglo pasado no puede decirse que haya mejorado sustancialmente su calidad ( Bosquet, C., Combes, P-Ph., y Linnemer, L., "La publication d'articles de recherche en économie en France en 2008. Disparités actuelles et évolutions depuis 1998". Rapport pour la Direction générale de la recherche et de l'innovation, DGRI , 2010 ).

Cualquier investigador que se comporte con un mínimo de racionalidad en este régimen de evaluación debe consagrar mucho más tiempo y esfuerzo a multiplicar las publicaciones preparando diversas versiones y a estar presente allí donde se puede conseguir influencia o redes que faciliten la publicación, que a investigar. Y así resulta que estos métodos de evaluación, aparentemente encaminados a medir la productividad y la calidad académica, incentivan comportamientos que limitan ésta última y que se basan en un sentido claramente distorsionado de la primera. No reflejan la productividad como una mayor capacidad de aportar conocimiento efectivo sino como la de colocar menores dosis de él en mayor número de publicaciones. Se promueve la productividad "publicacional", si vale el barbarismo, que no tiene mucho que ver en estas condiciones con la productividad científica.

La evaluación cuantitativa de los resultados del conocimiento tiene otro efecto no menos negativo. Para poder llevarla a cabo es por lo que se ha ido limitando a tomar en consideración los artículos publicados en revistas, que pueden ser jerarquizados y catalogados en función de dónde se publiquen, en detrimento del conocimiento publicado en libros o cualquier otro tipo de monografías, que hoy día no tienen prácticamente valor alguno, o muy escaso, a la hora de acreditarse o de ser evaluado para recibir sexenios.

Las consecuencias de esto último son variadas. Una es que los investigadores que quieran ser evaluados positivamente solo deben abordar temas que se puedan exponer en el espacio reducido y en la forma convencional que se suele establecer en las revistas. Tienen que renunciar así a exponer pasos intermedios, derivaciones de sus análisis, matices y, sobre todo, las dudas y preguntas y las cuestiones transversales y sintéticas que cada vez son más necesarias para poder conocer la realidad, pero que es casi imposible trasladar a los espacios muy especializados y por definición más cerrados, en todos los sentidos del término, de las revistas.

La generalización de la publicación en revistas ha estandarizado la expresión del conocimiento y el conocimiento mismo al establecer no solo el encuadre formal de los textos sino los contenidos, los enfoques, e incluso los postulados e hipótesis de partida "convenientes" en cada una de ellas, de modo que salirse de ese saber establecido conduce de modo prácticamente inevitable al ostracismo y a la imposibilidad de ser evaluado positivamente, pues es seguro que no se podrá publicar en las revistas que sirven de referencia como de mayor calidad e impacto.

Es por eso que el poder de evaluación efectivo recae en última instancia en los equipos que mantienen y evalúan las publicaciones en las revistas que encabezan los ranking de las más destacadas: las que están formados por miembros de los departamentos y grupos de investigación más destacados, que son aquellos cuyos miembros publican en las revistas más destacadas. Así se crea un círculo vicioso de conformismo y de redes de autentico clientelismo en donde es muy difícil que penetre la luz de enfoques novedosos, alternativos o contrarios a lo que habitualmente se publica en esas revistas por los autores solo de aquello que sus evaluadores consideran que es publicable, y que lógicamente nunca podrá ser diferente de lo que sostienen o defienden. ¿Cómo tratar de publicar en una revista si el autor o autores no se ajustan a los criterios de publicación o enfoques normalizados que mantiene?

En definitiva, el predominio de este tipo de evaluación ahoga la disidencia, la duda, la innovación, la ruptura con el saber establecido..., es decir, justo los factores que sabemos perfectamente que han sido siempre los que han promovido realmente el conocimiento y los que han hecho que de verdad avance la ciencia.

Lógicamente, no puede ser muy ajeno a todo ello el hecho de que la gestión de los trabajos que se incluyen en el Journal Citation Reports (JCR en la jerga de los investigadores) que sirve como base de referencia sacrosanta de la evaluación cuantitativa esté controlado por una sola y poderosa multinacional, Thompson Reuters, o que estos métodos de evaluación se hayan comenzado a aplicar con especial disciplina en ciencias sociales, y muy especialmente en economía, justo en los años en que se vienen imponiendo las políticas neoliberales. No es casualidad que éstas se justifiquen con el paradigma neoclásico que predomina en las publicaciones de las revistas mejor consideradas y lo cierto es que pueden aplicarse más cómodamente en la medida en que eludan más ampliamente la crítica social. Lo que puede conseguirse cuando el pensamiento económico y social en general se hiperespecializa y pierde el contacto con la realidad al desarrollar un tipo de conocimiento encerrado en sí mismo, abstracto y completamente ajeno a la complejidad e interconectividad que tienen los fenómenos económicos y sociales.

Ahora bien, si en casi todo el mundo viene ocurriendo todo esto, en España la situación es mucho más grave porque los procesos de evaluación son opacos y ni siquiera los criterios cuantitativos se aplican objetivamente sino a nuestra carpetovetónica manera clientelar y corrupta.

Aquí predomina una arbitrariedad constante que da lugar a decisiones contradictorias, a resoluciones caprichosas y sin fundamento alguno, que muchas veces no pueden disimular que se toman ad hoc o incluso ex post de haber decidido el resultado. En el caso particular de la economía, que mejor conozco, se han hecho fuertes grupos de poder de clara significación ideológica o al menos, por decirlo más sutilmente, de evidente connivencia paradigmática, que aplicando este tipo de criterios van consolidando una forma de investigar conservadora y uniformada que poco a poco va dejando fuera del juego académico a quienes optan por generar cualquier otro tipo de conocimiento o por difundirlo a través de otras publicaciones, cuyo impacto, por cierto, suele mucho mayor, la mayoría de las veces, que el de las revistas convencionales.

Al igual que pasa fuera de España, la producción bibliográfica mejor valorada en economía presenta, eso sí, una gran variedad de temáticas, pero una extraordinaria homogeneidad que se traduce en un gran irrealismo y abstracción, en una gran coincidencia en las perspectiva de análisis y en la asunción de conclusiones que terminan justificando un mismo tipo de políticas.

Es por eso que puede afirmarse que la imposición de este tipo sesgado de evaluación, en todos los campos del saber científico pero sobre todo en los que tienen más que ver con juicios de valor y con las diferentes preferencias sociales, como la economía, es un claro intento de control (político) del conocimiento que se acelera en estos momentos gracias a la oportunidad que proporcionan los recortes asociados a las políticas de austeridad.

Los resultados de son tan paradójicos y significativos como el que mencionaba recientemente el profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo, Holm-Detlev Köhler : la investigadora Saskia Sassen que acaba de recibir el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, "una de las científicas más importantes de nuestra época, no ha conseguido ningún sexenio, ninguna acreditación, frente a los criterios de nuestras agencias de evaluación, que anteponen siempre el mismo criterio: tres publicaciones JCR (Journal Citation Reports) en los últimos cinco años. Sassen no tiene ni una, sino que ha publicado libros e informes, fruto de proyectos de investigación de verdad y referencias fundamentales para académicos comprometidos, ha publicado numerosos artículos en medios de gran difusión, etc., pero se ha resistido a la práctica de inflar su currículum con artículos estandarizados sin interés ni lectores, más allá de círculos de amigos de citación mutua".

lunes, 25 de marzo de 2013

Los economistas serios contra la austeridad en Europa



© FRANÇOISE LENOIR (REUTERS)
Olli Rehn, Comisario europeo de Asuntos Económicos
Olli Rehn lo dejó muy claro el pasado viernes. A la vista de las pésimas perspectivas de crecimiento y empleo, ¿ve alguna posibilidad de que se revise el programa griego?, le preguntaron en la presentación de las sombrías previsiones económicas de Europa. "La clave de la recesión en Grecia no se explica principalmente por la austeridad, sino por la inestabilidad política del país y los defectos en la puesta en marcha de las reformas estructurales", respondió el comisario europeo de Asuntos Económicos. El fallo de esta argumentación es que el abismo entre la realidad y los deseos de Bruselas no afecta solo a Atenas. La Comisión Europea dibuja un panorama negrísimo: la zona euro arrastrará este año una recesión seguida por un crecimiento anémico a lo largo de 2014; y España se ve abocada a nueve trimestres consecutivos de caídas del PIB, algo inédito desde que terminó la Guerra Civil hace más de siete décadas.

La conclusión parece evidente. ¿Han fracasado entonces las recetas impuestas por Bruselas? ¿Infravaloró la Comisión las consecuencias de una política que imponía una estricta cura de adelgazamiento a toda la eurozona, al mismo tiempo que en muchos países una banca gripada se veía incapaz de engrasar la economía a través del crédito y el paro se disparaba? No son preguntas del agrado de Rehn, que se ha enzarzado con una polémica al respecto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero el político finlandés resumió sus respuestas en una carta que envió la semana pasada a los ministros de Finanzas de la zona euro. "El debate sobre el impacto de un cambio en la política fiscal en el crecimiento no sirve de ayuda y amenaza con erosionar la confianza que llevamos años construyendo meticulosamente", aseguraba el comisario en la misiva, también dirigida a los jefes del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, y del FMI, Christine Lagarde.

Pero los argumentos de Rehn no convencen a la comunidad científica. De la decena de economistas internacionales consultados por este periódico, una amplia mayoría acusa a la Comisión de haberse empecinado en dictar unas recetas que se han demostrado erróneas; y de no haber cambiado el rumbo cuando sus políticas se estrellaban contra la realidad. Es este el "dogmatismo" que reprochan a Bruselas profesores como Luis Garicano, de la London School of Economics, que contrapone el ejemplo del FMI, más proclive a rectificar en caso de error. Estos expertos - que abarcan un amplio espectro ideológico, desde el conservador Desmond Lachman hasta los progresistas James Galbraith o Paul Krugman - echan en cara a los eurócratas haber provocado un sufrimiento innecesario a gran parte de los ciudadanos de la UE, sobre todo a los del sur.

Tan solo dos de los economistas consultados conceden un respiro al comisario y a su equipo. José Manuel González-Páramo y Guntram Wolff - los dos más benevolentes - insisten en que no hay un único culpable de la crisis y que, dadas las circunstancias, Bruselas no ha estado tan desacertada. A la hora de buscar responsabilidades, sería injusto mirar solo hacia Bruselas. Desde su despacho en Berlín, la canciller Angela Merkel ha liderado a los países del Norte que insisten en no aflojar la soga a los del Sur.

"La Comisión es la única que no vio venir lo que pasaba. Son los responsables de la recesión por haber empujado a todos los países al mismo tiempo a una cura de austeridad. Estamos ante una recesión autoimpuesta. No podrían haber sido más estúpidos", dispara Paul de Grauwe, profesor de la London School of Economics.

La polémica entre austeridad y crecimiento tomó nuevos bríos después de que el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, admitiera el pasado mes de enero en un informe que su institución había infravalorado las repercusiones negativas de la austeridad. Pero, según Rehn argumentaba en su carta, la credibilidad de este estudio queda en entredicho por "su horizonte temporal limitado y por la posibilidad de que haya habido otros factores que impactaran en el crecimiento en comparación con lo previsto en 2010 y 2011". "El FMI ha hecho un informe profesional liderado por uno de los expertos en macroeconomía más importantes del mundo. La refutación que llega de Bruselas, en cambio, avergonzaría a un estudiante de primer año de posgrado. No es que el informe de Blanchard demuestre que la Comisión y el señor Rehn están equivocados, es que eso ya lo ha hecho la evidencia, tanto teórica como empírica", escribía hace unos días en su blog Jonathan Portes, director del británico Instituto de Investigación Económica y Social.

Las políticas dictadas por Bruselas y Berlín, y aplicadas por los Gobiernos de cada país han generado un malestar que, tan solo en los últimos días, ha llenado de manifestantes las calles de Grecia y Bélgica. Ya fuera de la zona euro, el descontento popular ha hecho caer esta semana al Gobierno búlgaro en bloque. Pero los países del Sur están obligados a perseverar en las políticas que generan malestar si quieren lograr el visto bueno de la Comisión y del BCE. "Este es un equilibrio inestable y por tanto no puede durar. La austeridad obligada solo asegura tasas de crecimiento negativas y una carga de la deuda cada vez mayor. Si los italianos o los españoles mostraran un rechazo claro a las políticas impuestas, forzarían importantes concesiones por parte de Bruselas y Frankfurt. Pero no soy optimista. Parece que el liderazgo de la Comisión funciona en una realidad alternativa", asegura James Galbraith, profesor de la Universidad de Texas.

Dani Rodrik, profesor en Harvard y autor de La paradoja de la globalización, cree que el equipo comandado por Olli Rehn "ha estado engañándose a sí mismo con la ilusión de que las reformas estructurales que defienden pueden impulsar la economía en medio de una caída en picado de la actividad". Son las mismas reformas que el viernes el comisario europeo volvió a exigir a España y a otros países como Francia a cambio de flexibilizar, una vez más, unos objetivos de déficit que hoy por hoy se muestran incapaces de cumplir.

Paul de Grauwe, profesor de la London School of Economics:
Nada de lo que está pasando me sorprende. Todo se podría haber predicho. Las autoridades comunitarias son los responsables de la recesión, ya que han empujado a todos los países al mismo tiempo a políticas de austeridad que refuerzan sus consecuencias negativas. La política macroeconómica de la Eurozona es un desastre.
James Galbraith, profesor en la Escuela Lyndon B. Johnson de la Universidad de Texas:
No soy optimista. Parece que el liderazgo de la Comisión funciona en una realidad alternativa, totalmente dependiente de los intereses a corto plazo de los bancos, distante e indiferente de las consecuencias de sus políticas y con unos pronunciamientos públicos propios de análisis de la situación muy torpe.
Paul Krugman, profesor universitario y premio Nobel de Economía:
¿Cuál es la respuesta de Rehn a las desastrosas noticias que llegan de Europa? ¡Que tenemos que dejar de molestar con estos estudios económicos, porque están minando la confianza en la austeridad! Estos síntomas de desesperación son gratificantes. Por desgracia, esta gente ya ha hecho un daño tremendo y todavía tienen poder para seguir haciéndolo.

jueves, 28 de febrero de 2013

El Pentágono despedirá a medio millón de funcionarios dentro de un plan de austeridad


© AFP
Los recortes presupuestarios, que afectarán al Departamento de Defensa de EE.UU. a partir del próximo 1 de marzo, lo obligarán a economizar tanto en personal como en la infraestructura militar. Serán licenciadas o despedidas casi 500.000 personas.

Según han revelado unos documentos del Pentágono obtenidos por el periódico USA Today, se estima que los gastos del Ejército se reducirán este año en unos 15.000 millones de dólares. A su vez, la Marina perderá de su capítulo de egresos unos 11.000 millones. En especial, los programas de construcción de nuevos buques de guerra perderán 7.750 millones de dólares.

Las forzosas medidas de austeridad afectarán respectivamente a 300.000 militares y otros empleados en las tropas terrestres y a 186.000 en la Armada. Primero se economizará en la subida del salario para todos: el 1% como máximo en comparación con el 1,7% que marcaba los años anteriores. El mando estudiará también bajar el sueldo a algunos grupos de funcionarios.

Los recortes en el presupuesto del Ejército asestarán los golpes más severos sobre la infraestructura militar en los estados de Alabama, Texas, Virginia y Pensilvania. Virginia se verá también entre los estados más afectados por los planes de ahorro en la Marina, así como California y Florida.

"Se trata de los estados donde más soldados hay, en especial Texas", explicó Thomas Donnelly, un experto invitado por 'USA Today' para analizar las cifras. Así, la base militar, el centro de mantenimiento técnico y el mayor arsenal texano, el de Corpus Christi, afrontará recortes de 799 millones.

Durante los próximos 10 años, el Pentágono planifica reducir sus gastos en unos 500.000 millones de dólares: algo más de que lo que informó anteriormente el general Martin Dempsey. El plan se pondrá en marcha si el Congreso y el presidente Barack Obama no alcanzan antes del 1 de marzo un acuerdo sobre el problema del enorme déficit presupuestario.

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