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lunes, 19 de agosto de 2013

La princesa Diana pudo ser asesinada por un militar británico


© AFP / Mark Cardwell
Scotland Yard está comprobando una nueva información sobre la muerte de la princesa Diana para determinar si es creíble.

Scotland Yard ha recibido una nueva información sobre la muerte de la princesa del Reino Unido Diana en París en 1997, según informa la cadena británica Sky News. 

Según el corresponsal del diario británico Martin Brunt, "esta información incluye una alegación de que la princesa Diana, Dodi al Fayed y el conductor de su coche fueron asesinados por un miembro del Ejército británico".

"La información que nos han comunicado pasó a Scotland Yard hace poco a través de la Policía Real Militar", dijo el corresponsal y subrayó que la información hace referencia al diario secreto de Diana.

"La información se está tomando en serio y es posible que se abra una nueva investigación", afirma.
© AFP Jack Guez
Según Sky News, la nueva información sobre la muerte de la princesa Diana fue entregada a la Policía Metropolitana por los suegros de un exsoldado británico. Los príncipes Guillermo y Enrique no comentarán las nuevas informaciones de la muerte de Diana.

Diana falleció el 31 de agosto de 1997, en un accidente de tráfico en el túnel del puente del Alma, en París, junto a su entonces compañero sentimental, Dodi Al Fayed, cuando trataban de huir del acoso de los fotógrafos. En enero del 2004 se inició la investigación para determinar las circunstancias de la muerte. Según la versión oficial, la princesa falleció como resultado del accidente, debido a que el chofer del automóvil estaba alcoholizado.

viernes, 31 de mayo de 2013

Miles de fallecimientos causados por medicamentos en Francia

© Desconocido
Unas 18 mil personas mueren cada año en Francia como consecuencia de los efectos secundarios de determinados medicamentos, muchos de ellos recetados sin justificación, aseguró hoy ante un tribunal un especialista.

El doctor Berdard Bégaud participó este lunes como experto en el juicio que se lleva en la corte de Nanterre contra los laboratorios Servier, fabricantes del fármaco Mediator al cual se responsabiliza con más de mil 300 decesos en el país.

De acuerdo con el médico, muchos efectos indeseados son inevitables cuando se administra una medicina, pero el caso es más grave cuándo ésta no resulta indispensable para la salud.

Los fallecimientos ligados a la toma de fármacos superan el número de suicidios y de accidentes de tránsito juntos, puntualizó el galeno.

Bégaud aseguró que en el país hay una deficiente formación en los médicos en materia de farmacología, a lo cual se suma la mala vigilancia por parte de las autoridades correspondientes.

Un caso emblemático es el del Mediator, vendido en Francia durante más de 30 años como antidiabético, aunque también se recetó para inhibir el apetito y bajar de peso.

Ese producto se mantuvo en las farmacias hasta 2009, aún cuando en varios países se había prohibido una década antes por sus peligrosos efectos secundarios.

Varios estudios médicos determinaron que su uso libera en el organismo una molécula tóxica denominada norfenfluramina, causante de un grave daño a las válvulas cardiacas.

Provoca, además, hipertensión arterial pulmonar, una afección rara y sin cura en la actualidad.

El proceso contra Jacques Servier, propietario de la firma, y varios altos funcionarios comenzó el 21 de mayo en Nanterre, cabecera del departamento de Altos del Sena, en la región del Ile-de-France.

El escándalo alcanzó también a la Agencia de Seguridad de Medicamentos y Productos de la Salud, organismo oficial encargado de controlar y certificar todos los fármacos utilizados en el país galo.

martes, 19 de marzo de 2013

¿Quién puede dudar que vivimos en un estado de derecho?


© AP
Rand Paul, senador republicano de ala ultraconservadora, cuestionó desde el pleno al procurador general Eric Holder respecto de si el gobierno autoriza el uso de drones contra connacionales en territorio estadunidense, lo cual desató un intenso debate en el Congreso en días pasados.
Este país [EE.UU.] se congratula de impartir justicia de manera imparcial y transparente donde todos, sin importar origen ni poder, están sujetos al estado de derecho. Aquí hay justicia igualitaria para todos, como dice una de las frases de los juramentos patrióticos escolares.


Claro, aceptan que no es perfecto. Se lamenta que es el país más encarcelado del mundo (más de 2 millones de reos), que hay una disparidad racial obvia en quien está detrás de las rejas del sistema penal, que a veces hay corrupción y que ha habido muchos inocentes encarcelados, y tal vez hasta ejecutados.

De hecho, Innocence Project, organización nacional de litigio y políticas publicas, registra que desde 1989 se ha exculpado a 303 reos al aplicar pruebas de ADN que comprueban su inocencia (después de que pasaron en promedio 14 años tras las rejas). De éstos, 18 estaban en la fila de la muerte para ser ejecutados.

Pero durante la última semana se demostró que el sistema de justicia tiene nuevos problemas, algunos de los cuales ponen en duda eso de un estado de derecho.

Para empezar, el procurador general Eric Holder, quien encabeza el Departamento de Justicia, admitió ante un comité del Senado que hay entes tan poderosos que no pueden ser fiscalizados por sus delitos.

En este caso el delincuente es el banco trasnacional HSBC, que aceptó ser responsable de lavado de dinero procedente de cárteles de narcotráfico mexicanos y colombianos, así como de manejar fondos de regímenes y organizaciones calificados oficialmente de terroristas.

Cuando el senador republicano Charles Grassley preguntó a Holder por qué el Departamento de Justicia decidió no presentar cargos criminales contra HSBC y sus ejecutivos, el procurador, sin mencionar por nombre al banco, respondió: me preocupa que el tamaño de algunas de estas instituciones llega a ser tan grande que se vuelva difícil para nosotros fiscalizarlos cuando nos golpean indicaciones de que si procedemos a presentar cargos criminales eso tendrá un impacto negativo en la economía nacional, incluso en la mundial. El banco aceptó pagar una multa de 1.9 mil millones de dólares sin que ninguno de sus ejecutivos fuera sometido a un juicio.

Uno espera problemas para llevar a un criminal ante la justicia cuando huye a un país hostil, pero escandaliza que el Departamento de Justicia no pueda proceder contra una actividad criminal cuando alguien simplemente entra por las puertas de un megabanco de Wall Street, comentó el senador demócrata Sherrod Brown, reportó el Washington Post.

Robert Borosage, codirector de Campaign for America's Future, comentó que el procurador general Holder expresó abiertamente lo que ya era evidente: el Departamento de Justicia cree que los bancos demasiado grandes para permitir su colapso son también demasiado grandes para encarcelar a sus directivos.

Por otro lado, la semana pasada ocurrió otro intercambio que provocó dudas sobre dónde empieza y termina el estado de derecho. Ante una pregunta del senador republicano ultraconservador Rand Paul sobre si el presidente podía ordenar un ataque de un drone (avión no tripulado) contra un estadunidense en territorio nacional, el procurador Holder primero respondió que podría visualizar circunstancias extraordinarias donde sería necesario y apropiado emplear lo que aquí llaman fuerza letal. Las reglas y justificación legal para el uso de drones por el gobierno de Obama se mantienen como secreto oficial en este país.

¿Somos tan complacientes con nuestros derechos que permitiríamos a un presidente decir que podría matar a estadunidenses? A ninguna persona, a ningún político debería permitírsele... juzgar la culpabilidad de un individuo y ejecutarlo. Eso va en contra todo lo que fundamentalmente creemos en este país, declaró Paul desde el pleno.

Pocos después, ante el estallido de un debate por lo que dijo, Holder intentó modificar su afirmación y decidió enviar tal vez una de las respuestas legales oficiales más breves de la historia a Paul: "Ha llegado a mi atención que usted ha hecho una pregunta adicional. '¿Tiene el presidente la autoridad de usar un drone artillado para matar a un estadunidense que no participa en combate en suelo americano?' La respuesta a esa pregunta es no".

Lo que nadie pregunta, tal vez porque la respuesta es obvia, es si el presidente o su gobierno puede ordenar el asesinato de cualquier extranjero en cualquier parte del mundo.

Mientras tanto, a pesar de los balazos en las calles de este país todos los días, que perturban la paz y orden público que se supone existen en un estado de derecho, por ley se garantiza el derecho a un arma. Mientras se debate este derecho sagrado después de la matanza de tantos niños en la primaria de Newtown en Connecticut con armas obtenidas legalmente, desde ese 14 de diciembre sangriento en este país 2 mil 574 personas más han muerto a causa de armas de fuego, según un cálculo de la revista cibernética Slate. En este contexto, fue notable la noticia de que el estado de Dakota del Sur se ha convertido en el primero de la unión en promulgar una ley que explícitamente autoriza a todo empleado escolar, incluidos maestros, a portar armas en la chamba. Claro, para proteger a los alumnos y a sí mismos de tantos locos con tantas armas.


A todo esto le dicen estado de derecho.

Como decía el gran historiador Howard Zinn al intentar dilucidar por dónde tiene uno que empezar a ver a este país (y al mundo): "Yo parto de la suposición de que el mundo está al revés, que las cosas están mal, de que en la cárcel están quienes no deben estar y fuera de la cárcel hay gente que debería estar dentro, que en el poder hay personas que no debhttp://www.jornada.unam.mx/2013/03/11/opinion/029o1munerían estar allí y quienes deberían estar en el poder no están..."

jueves, 7 de marzo de 2013

El presidente de Estados Unidos tiene potestad para asesinar a sus conciudadanos, incluso en el territorio nacional


El secretario de Justicia estadounidense, Eric Holder, ha confirmado por escrito que el presidente de los Estados Unidos tiene derecho a ordenar el asesinato de ciudadanos estadounidenses, en territorio estadounidense y sin juicio previo, si la seguridad nacional así lo requiere.

En carta dirigida al senador Rand Paul, el secretario de Justicia escribe: «Es posible imaginar una circunstancia extraordinaria en la que fuese necesario y apropiado a la luz de la Constitución y de las leyes en vigor en Estados Unidos que el presidente autorice a los militares a utilizar la fuerza letal en territorio de los Estados Unidos.» (cf. documento adjunto).

En otra carta dirigida al mismo senador, John Brennan, nominado como nuevo director de la CIA y en espera de confirmación por parte del Senado, indica que la agencia de espionaje estadounidense no está autorizada a realizar ese tipo de operaciones dentro del territorio nacional.

La CIA sí puede, por el contrario, y ya lo ha hecho, proceder a la eliminación, sin juicio previo, de personas - incluso de ciudadanos estadounidenses - pero fuera del territorio nacional.

El cese al Fuego en Gaza no detendría que se pueda hacer Regional esto mas adelante

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