Más crisis… más suicidios

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La crisis económica y los planes de austeridad impuestos en varios países de Europa y en Estados Unidos están causando un aumento en los casos de depresión, suicidios y gestos desesperados como el de Luigi Preiti en Italia, que desencadenó un tiroteo el día de la juramentación del nuevo gobierno en Roma. 

Alrededor de 10.000 personas se suicidaron y un millón cayeron en depresión en Norteamérica y Europa a lo largo de los últimos diez años de "Gran Recesión", afirman un economista de Oxford, David Stuckler, y un médico de Stanford, Sanjay Basu, en el libro "The Body Economic: Why Austerity Kills". 

En Italia en particular la crisis avanza hacia el primer lugar entre las motivaciones que impulsan al suicidio, tanto que los motivos económicos en la base de la decisión al parecer alcanzaron un "20-30 por ciento" de casos más respecto del pasado. 

La tendencia en la causa de suicidios fue analizada por el director del Observatorio de Salud en las regiones italianas, Walter Ricciardi, al presentar la décima edición del Informe Osservasalute 2012. 

El documento registró, también este año, un boom en el consumo de medicamentos antidepresivos. 

Son números para manejar con cautela respecto de un fenómeno que "todavía estamos estudiando", precisó el experto: pero, sobre todo entre los hombres, las dificultades económicas parecen impulsar el suicidio cada vez más. 

En países como Italia, observó sin embargo Ricciardi, la tasa de suicidios sigue siendo contenida. En 2009, el dato más reciente del informe, los suicidios fueron 3.870 frente a los 3.607 de 2006: pero pese al "pequeño" número de casos, se trata de un aumento "importante". 

Aunque es difícil hablar de motivaciones seguras, hubo al menos 25 suicidios desde principios de año entre empresarios, obreros, desocupados y jubilados. Los últimos casos, el 17 de abril, corresponden a cinco hombres que se suicidaron el mismo día. 

También la depresión hace pie en Italia: cada vez más gente toma antidepresivos y en diez años las dosis diarias consumidas se cuadruplicaron. 

Pero hay otro enemigo que acecha en tiempos de dificultad: se trata del juego de azar patológico, otro problema que al parecer afecta también a Preiti. 

El problema abarca en Italia a unas 800.000 personas, mientras hay alrededor de dos millones en riesgo de dependencia. 

"Hay un cortocircuito entre algunos ciudadanos, generado por el malestar que busca una compensación en el juego de azar. Pero este último se vuelve obsesión y genera un malestar todavía mayor", observó el ex ministro de Salud Renato Balduzzi a propósito del gesto patológico de Preiti. 

(Con información de ANSA)

España: ¿Suicidios o Crimen de Estado?

Todos los datos permiten asegurar que una gran parte del incremento en el número de suicidios que se viene dando en España está relacionado con la forma en que se está gestionando la crisis. Actualmente, parece que en nuestro país se producen entre nueve y diez suicidios cada día y que un tercio de ellos, según se puso de manifiesto en un reciente congreso de Psiquiatría, son los que tienen que ver con problemas económicos de diverso tipo originados por la crisis.

Ya he comentado en artículos anteriores y más extensamente con Vicenç Navarro en el libro 'Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero (Espasa, 2012)', que en todos los países en los que se han aplicado políticas de ajuste neoliberal se ha podido detectar ese fenómeno, así que no es de extrañar que ahora se esté produciendo en España.

Y no hacen falta muchos estudios científicos para comprobar igualmente que una gran parte de esos suicidios se relacionan con los desahucios, que en estos momentos dejan sin vivienda a más de quinientas familias cada día en España. Ya son bastantes los casos en los que se han producido justo antes de que las autoridades y la policía procediesen a desalojar a las familias de sus viviendas en diferentes lugares de España.

Se trata de un verdadero drama que tiene una responsabilidad muy directa: las autoridades e instituciones del Estado que hasta el momento no han hecho nada efectivo para evitarlo. Todo lo contrario, lo han provocado con las políticas que vienen aplicando e incluso lo facilitan, como esos jueces que llegan a decretar que los desahucios se lleven a cabo sin previo aviso para evitar que la población acuda en ayuda solidaria de los afectados.

El Gobierno actual y el anterior han dedicado sumas millonarias a salvar y proteger a los banqueros y a los grandes propietarios, pero no han tomado ni una sola medida efectiva para acabar de una vez por todas con la desprotección de las familias de menos ingresos que pierden sus viviendas.

Cambiar las leyes para establecer medidas como la dación de pago, la creación de tribunales que gestionen la reestructuración de la deuda familiar, la disminución temporal de las cuotas para las personas sin ingresos o en paro, quitas familiares, u otras parecidas que podrían evitar los desahucios no comportan grandes dificultades legales ni supondrían demasiado coste económico (al revés, permitirían aumentar la demanda efectiva y así mejorar la situación económica). Por eso es injustificable que se sigan llevando a cabo desahucios que provocan docenas de suicidios y un sufrimiento personal y social tan extraordinario.

Que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo en unos pocos días para modificar la Constitución, y así contentar a los poderes financieros, y no lo hagan para adoptar medidas de rango muy inferior dirigidas a proteger a las miles de familias que se quedan en la calle solo refleja que se trata de dos organizaciones políticas que han perdido el norte para convertirse en simples piezas de un dominio oligárquico que ya es insoportable, y que requiere una respuesta social a la altura de su traición a los principios elementales de la ética, la justicia y el buen gobierno.

Es incomprensible, y empieza a producir una rabia inmensa, contemplar día a día a los parlamentarios ocupados en todo tipo de asuntos pero incapaces de acabar con el drama. Es desolador comprobar que los jueces no hayan reaccionado ya cuando llevan tanto tiempo como ejecutores de un derecho que es la antítesis de la justicia. Es patético e indignante ver a la policía defender día a día a las autoridades que echan a las gentes de sus casas y a los Bancos que se quedan con ellas, y golpear con saña a las pobres mujeres y hombres que las defienden. Es una vergüenza comprobar que hasta la jerarquía de la Iglesia Católica, que tanto habla de defender a la familia, llame a la policía para desalojar de sus templos (como en La Almudena de Madrid) a quienes quieren llamar la atención de la sociedad hacia lo que está pasando (en clara contradicción, hay que reconocerlo, con la inmensa mayoría de sus fieles de abajo que siempre suelen apoyarlos).

Comentario: El gran drama de los desahucios en España es un "buen" ejemplo del fenómeno de ponerización macrosocial descrito por Andrew Lobaczewski, la Patocracia. El comportamiento despiadado de las distintas instituciones españolas (Gobierno, Iglesia, Justicia, Fuerzas de Seguridad) demuestra que todos estos organismos han sido afectados por este fenómeno.

La invasión de factores patológicos ha llegado ya a su punto final, desarrollando una infección bacteriológica interna de todo el sistema. Tal tragedia también trae consigo algo "positivo", una inmensa cantidad de conocimiento ponerológico, del cual podemos extraer las leyes que gobiernan semejante proceso. Sin conocimiento del "verdadero mal", no podremos defendernos.

Es tremendo que no salga ni una sola palabra ni un gesto de ayuda del Jefe del Estado, que se dedica, por el contrario, a defender las políticas que provocan el paro y la pérdida de las viviendas, mintiendo sobre los efectos que están provocando sobre la sociedad y la situación económica solo para proteger los intereses de los grupos más poderosos. Es sencillamente insultante, que en lugar de defender a las miles de personas que sufren, el Gobierno no solo siga aplicando sin misericordia las políticas que agudizan la crisis, sino que se dedique a ir indultando semana tras semana a los pocos financieros y políticos delincuentes que habían sido condenados en los años anteriores. Y es un insulto a la inteligencia y un despropósito la Constitución que declara que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", pero que a la vez no impide que se produzcan más de medio millar de desahucios diarios.

Cada vez que muere una persona desesperada por el paro o por la pérdida de vivienda, o a causa del peor tratamiento que reciben cuando son dependientes o están enfermas, aumenta algo más la responsabilidad de todas esas instituciones y personas. No podemos ni debemos aceptar que todo lo que está pasando en España, el daño tan grande que se le está haciendo a millones de personas, sea un simple accidente o algo inevitable. Es un daño orquestado, perfectamente evitable y que se produce solo porque se quiere beneficiar a otros grupos sociales. Por eso me parece que las personas que dirigen esas instituciones o que toman las decisiones tienen una auténtica responsabilidad criminal y no solo política que debería investigarse y depurarse cuanto antes.

Tendríamos que dejar de hablar ya de suicidios y de poner sobre la mesa la comisión de un verdadero crimen de Estado porque sus instituciones, que tienen la obligación de evitar el dolor de los ciudadanos y cuentan con medios para ello, son las que lo están provocando. La gente normal y corriente tiene derecho a defenderse e incluso el deber de levantarse contra los tiranos.

Comentario: ¿Tiranos? ¿O más bien psicópatas?

El mal ya no es una cuestión moral; ahora puede analizarse y comprenderse científicamente. Ponerología y psicopatía son dos conceptos fundamentales para entender de forma clara y objetiva el deplorable estado de los asuntos humanos en este mundo. No se trata de "tiranía" o de "codicia", se trata de la psicopatología y su influencia sobre la naturaleza del mal en la sociedad.

Para más información vea:

Ponerología Política: Una ciencia de la naturaleza del mal ajustada a propósitos políticos (Parte 1)

Ponerología Política: Una ciencia de la naturaleza del mal ajustada a propósitos políticos (Parte 2)

Sao Paulo sufre epidemia de homicidios

© AFP
Grupo de adictos en Crackolandia en Brasil.

La guerra entre el crimen organizado, la policía y los grupos de exterminio parapoliciales contribuyó para el aumento del 40% del número de víctimas de asesinatos en la ciudad de Sao Paulo, la mayor metropoli de Sudamérica, durante 2012.

Y estadísticamente ingresó en el nivel 'epidemia' de homicidios, de acuerdo a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) .

La Secretaría de Seguridad Pública divulgó que si bien en la capital el aumento fue del 40%, en el estado de Sao Paulo, el más rico del país y que por sí sólo representa el 18o. Producto Interno Bruto (PIB) del mundo, el avance del número de homicidios fue de 15%. En el Gran Sao Paulo, el aumento fue del 27%.

En la ciudad de Sao Paulo, se frenó la tendencia de reducción de homicidios que ocurría desde 1999, apuntaron los especialistas.

El municipio de la ciudad de Sao Paulo registró 1.497 asesinatos en 2012, un 40% más que los 1.069 de 2011. También el total de muertos (94) por robo seguido de muerte creció 7,4%.

La cadena Globo apuntó que en la ciudad de Sao Paulo se logró en 2012 que los homicidios sean considerados epidemia, es decir cuando se supera el parámetro de 10 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, en base a la OMS.

El índice en la ciudad de Sao Paulo se redujo drásticamente en los últimos 15 años. En 1999 la proporción era de 52,58 homicidios por cada 100 mil habitantes y en 2011 cayó a 8,95.

Sin embargo, la performance a la baja se revirtió en 2012, con 12,02 homicidios por cada 100 mil habitantes. El crecimiento, sobre todo, se debe al recrudecimiento de la violencia ocurrida desde octubre. En el estado de Sao Paulo, según las estadísticas oficiales, la tasa también superó al límite de la OMC, con 11,47 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En ese mes hay una curva ascendente de homicidios en el marco de una guerra entre el grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC) , el más poderoso de Brasil, la policía y grupos de exterminio conformado por agentes de la fuerza de seguridad.

La ola de violencia llegó al gobernador Geraldo Alckmin, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) , a cambiar en noviembre a su secretario de seguridad, Antonio Ferreira Pinto, de línea dura, por el ex fiscal Fernando Grella, quien asumió con un discurso a favor de que la policía deba respetar los derechos humanos.

Pero al PCC se le atribuye, en supuesta revancha por la ejecución extrajudicial de uno de sus miembros en abril, haber asesinado a por lo menos 102 policías. El grupo es comandado desde el interior de las cárceles, donde tuvo su origen como el 'sindicato de los presos' tras la masacre de Carandirú, el asesinato de 111 detenidos en un presidio paulista en 1992 a manos de la policía.

Parte de la estadística que es objetada por entidades de derechos humanos y el Ministerio Público apunta que también hubo un aumento de los muertos a manos de la policía en supuestos enfrentamientos. Fueron 547 personas contra 438 de 2011, un aumento del 25%.

"Hubo un período de alta violencia policial y de baja inversión en inteligencia. Con el cambio de secretario de seguridad, parece que esa lógica cambió. La violencia no puede ser combatida con más violencia" , dijo Melina Risso, de la ONG Sou da Paz.

Brasil, la primera economía latinoamericana, por ejemplo, posee un índice de homicidios de niños y adolescentes superior al de México, donde en los últimos años avanzaron los carteles del narcotráfico a sangre y fuego.

De acuerdo al Mapa de la Violencia editado en 2012 por la facultad latinoamericana FLACSO y el Centro Brasileño de Estudios Latinoamericanos (Cebela) , Brasil sufre una epidemia de violencia contra niños y adolescentes, con 44,2 casos de homicidios en 100 mil jóvenes de 15 a 19 años.

En un ranking de 92 países sobre la violencia y los niños y adolescentes, la tasa de homicidios brasileña es superada en el continente por El Salvador, Venezuela y Guatemala.

La ola de violencia en Sao Paulo generó una disputa en el tercer trimestre del año con el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, que acusó a la gestión del gobernador Alckmin de haber rechazado ayuda federal contra el crimen.

Alckmin, finalmente accedió a firmar un acuerdo de cooperación que incluye la participación de la policía federal de caminos y de fronteras en el combate a los grupos del narcotráfico que encuentran en Sao Paulo al mayor mercado consumidor de drogas del país.