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martes, 20 de agosto de 2013

Ni Telcel ni Movistar; comunidad zapoteca implementa su propia red de telefonía celular


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Un pueblo de la Sierra Norte de Oaxaca opera su propio sistema de telefonía celular comunitaria, único en México, ante la negativa de las grandes empresas nacionales de introducir este servicio en el lugar.
La Red Celular de Talea (RCT), implementada en el poblado zapoteco Villa Talea de Castro, se basa en un modelo de administración equiparable a las radios comunitarias.
Dicho modelo proviene de la Radio Comunitaria Dizha Kieru. La comunicación se realiza a través de un equipo de sistema global (GSM) de bajo costo, un software libre y tecnología Volp (Voice over IP), que hace posible la transmisión de voz de forma digital a través de Internet, reporta la agencia noticiosa AFP.
Pedro Flores, coordinador del proyecto y quien es parte Rhizomatica, gestora del plan, dijo al portal desInformemonos que la idea es que la comunidad administre su propio sistema basado en los modelos de las radios comunitarias, además de fomentar la comunicación a larga distancia e impulsar un servicio para las poblaciones.
Indicó que durante más de una década las grandes empresas de telefonía celular se negaron a introducir el servicio a Telea de Castro –ubicada a 115 kilómetros de la capital de Oaxaca– con el argumento de que no era viable invertir en la sierra y las zonas alejadas.
Flores agregó que el propósito de la organización encargada del proyecto es dedicar más tiempo a las asambleas de otras comunidades que ya aprobaron este modelo.
Señaló que en Villa Talea de Castro, donde existe una alta migración hacia Estados Unidos, está satisfecha porque no solamente ya cuenta con el servicio, sino porque es propio.
Detalló que alguien que anteriormente gastaba seis pesos en una llamada, ahora únicamente desembolsa 50 centavos.
Según información de AFP, los usuarios pueden realizar todas las llamadas locales que quieran, aunque la condición es que éstas no deben durar más de cinco minutos para evitar que las 11 líneas se saturen.
Explicó que a través del sistema es posible comunicarse a todo el mundo pues se cuenta con números públicos que se conectan a una computadora y ésta a un conmutador, que a su vez ubica el teléfono de la persona a quien se desea hablar.
Incluso existe un número en la comunidad y otros para Los Ángeles y Seattle, en Estados Unidos.
Flores dijo que otra intención del proyecto es evitar el consumismo, fomentando un uso responsable de la tecnología.
Aseguró que luego de que las grandes compañías se enteraron de que el pueblo ya contaba con su propia red de telefonía, les propusieron lanzar su servicio pero la respuesta de los habitantes fue que no les interesaba y “no querían que vinieran a hacer dinero”.
Comentó que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) otorgó a los indígenas un permiso de dos años para probar el equipo. Sin embargo, destaca que dicha instancia federal pide que el proyecto abarque a cuatro estados para poder continuar con la operación de la red.

lunes, 15 de julio de 2013

Ellas, marcadas para morir


© Desconocido
A partir de hoy, Adital reproducirá todos los viernes, notas especiales de Agencia Pública sobre las historias de diez mujeres cuyas vidas están amenazadas por luchar por sus derechos y por la preservación de la floresta amazónica.

En los diversos carteles de señalización vial a lo largo de las carreteras que vinculan los municipios del sudeste y del sur de Pará, raros son los que no ostenten marcas de balas. Tirar a esas señalizaciones puede ser el inusitado pasatiempo de quienes trajinan por aquellas carreteras, sin mayores consecuencias. Pero las marcas también señalizan mucho acerca del espíritu que siempre marcó la colonización de aquella parte del estado, eje de los conflictos agrarios, asesinatos de líderes rurales y número uno en índices de deforestación y trabajo esclavo.

Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), ocurrieron en el estado de Pará, entre 1964 y 2010, 914 asesinatos de trabajadores rurales, religiosos y abogados por cuestiones relacionadas con la tierra. De ese total, 654 ocurrieron en el sur y sudeste de Pará. "De muchos de los trabajadores rurales asesinados, no conocemos sus rostros, ni sabemos sus nombres. En muchos de esos casos la policía negó el registro de las denuncias formalizadas por sindicalistas y familiares de las víctimas, y negó también el rescate de los cuerpos donde fueron asesinados", dice el abogado de la CPT de Marabá, José Batista Afonso.

La CPT divulgó a comienzos del año una lista con los nombres de 38 personas amenazadas de muerte en el sur y sudeste de Pará a causa de su lucha por la posesión de la tierra. Diez son mujeres.

En un dossier que desmenuza la violencia en el sur y sudeste de Pará, la CPT evalúa la violencia que victimó a cientos de trabajadores rurales, dirigentes sindicales, religiosos, abogados y parlamentarios que luchan por la tierra y por la reforma agraria, y que se remonta principalmente al gobierno militar que, a comienzos de la década de 1970, comenzó a invertir en la ocupación de la Amazonia. El sur y sudeste del estado del Pará, región de gran concentración de riquezas minerales y naturales, fue tal vez donde ese proceso se efectivizó de manera más contundente.

Para explotar las riquezas, el gobierno construyó carreteras, como la Transamazónica, la BR-222, la BR-158, pero construyó también hidroeléctricas, como Tucuruí, y estimuló y financió la implantación de grandes proyectos para explotar las riquezas allí existentes, como el Proyecto Hierro Carajás. "Al mismo tiempo incentivó la llegada de grandes empresas y de pecuaristas del Centro-Sur de Brasil para invertir en la cría de ganado bovino. No sólo concedió tierras, sino también créditos subsidiados por la política de incentivos fiscales de la Superintendencia de Desarrollo de la Amazonia (SUDAM). Esos grupos económicos, especialmente aquellos que invirtieron en la implantación de la pecuaria extensiva, pasaron a expulsar, de manera muy violenta, a los pueblos indígenas y a muchos pequeños agricultores que desde hace mucho tiempo ocupaban la región", enfatiza el dossier de la CPT.

La novedad de la violencia actual es que las mujeres están cada vez más en la línea de fuego, blanco de amenazas. Algunas conviven con esa marca desde hace más de una década. Otras comenzaron a sentir más recientemente el peso del destino de estar marcadas para morir.

En común, esas mujeres cargan la consciencia de la lucha que entablan; sienten miedo, modificaron hábitos, conviven con la incertidumbre cotidiana. Hubo quienes decidieron alejarse de la lucha sindical, por miedo a las amenazas cada vez más constantes. Otras permanecen, sabiendo que es ése el destino que tienen.

Una de las pocas que consiguieron alguna atención nacional a su periplo fue Laísa Santos Sampaio. Hermana de la extractivista María do Espírito Santo, asesinada en Nueva Ipixuna, a 580 kilómetros de Belem en 2011, Laísa es el "blanco del momento" en el municipio. Ella y su marido, José María Gomes Sampaio, Zé Rondon, están siendo amenazados de muerte desde el asesinato de María y José Claudio Ribeiro da Silva. Laísa ya no duerme tranquila y no puede salir de casa sin acompañamiento. La rutina personal cambió, desorganizando a toda su familia, la relación con los hijos y el trato del cultivo y del extractivismo dentro de su lote de tierra. La Comisión Pastoral de la Tierra cree que las amenazas han sido realizadas por personas que probablemente fueron parte del consorcio de propietarios de tierras, madereros y carboneros que asesinaron a José y María. Las amenazas de muerte se registraron en la Delegación de Conflictos Agrarios del Sudeste de Pará (DECA). Poco cambió.

"No salgo más sin compañía", dice Regina María Gonçalves Claves. Regina es presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales del municipio de Eldorado dos Carajás. El día 15 de junio de 2012 un grupo de hacendados invadió la sede del Sindicato y la amenazó directamente. "Dejaron un recado: que estarían con grupos armados a la espera de cualquier intento de ocupación por parte de los movimientos sociales", dice ella. Días después, personas extrañas fueron vistas rondando la sede del sindicato y buscando a Regina en la casa de sus familiares.

En Breu Branco, cerca del municipio de Tucuruí, a 480 kilómetros de la capital, Graciete Souza Machado convive con una bala alojada a sólo dos centímetros de la columna vertebral. El blanco era el padre, Francisco Alves de Macedo, líder comunitario que defendía a propietarios que ocuparon la hacienda Castanheira. Francisco Alves fue muerto por pistoleros "Yo estoy amenazada de muerte desde 2010. No tenemos libertad para salir de casa con nuestros niños. Vivimos totalmente inseguros y con mucho miedo, pues en cualquier momento, como ocurrió con mi padre, puede ocurrir lo mismo conmigo. Tengo mucho miedo", dice ella.

Cambian los personajes, pero las historias son semejantes.

"Las mujeres se convirtieron en líderes y terminaron quedando al frente de las lucha, muchas veces son responsables del sustento de su familia", dice la abogada de la Comisión Pastoral de la Tierra, Vania María Santos, 29 años. Ella atribuye la continuidad de los patrones de violencia a la impunidad. "De la amenaza a la concreción es poca cosa", dice ella.

En los asentamientos, campamentos, periferias de los municipios, en las entidades sindicales, una decena de mujeres sigue su vida, a la espera del asesino, cumpliendo pena forzada. Es su historia que la Agencia Pública, en cooperación con el Diario de Pará, cuenta a partir de esa semana.

La serie Marcadas para Morir es una asociación de cooperación de Agencia Pública con el Diario de Pará, con reportaje de Ismael Machado y fotos de Antonio Cícero, reproducida con la autorización de Agencia Pública.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com

Fuente: http://www.adital.com.br/site/notic...

martes, 29 de enero de 2013

México, ¿Lucha contra la pobreza o acto publicitario?


© Desconocido
Enrique Peña Nieto
El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México y el líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de México, Jesús Zambrano y el subcomandante Marcos, respectivamente, han rechazado la "Cruzada Nacional contra el Hambre" impulsada por el presidente de este país, Enrique Peña Nieto.

Zambrano calificó el martes la "Cruzada Nacional contra el Hambre" de un acto publicitario y enfatizó la necesidad de acabar con los paraísos fiscales que a su juicio, proporcionan recursos necesarios para invertir en infraestructura y generar condiciones atractivas para la inversión privada y el desarrollo en general. 

"Hay que tener los recursos de los que no pagan a la hacienda nacional y que evaden alrededor de 400 mil millones de pesos anualmente", subrayó.

Volvió a enfatizar que es bastante evidente que un cambio de fondo en el modelo económico y la atención de los problemas sociales son pasos que conducen a la mejoría del asunto de la pobreza, en particular, la alimentaria.

Por último, aseguró que atender los 400 municipios más pobres de la República Mexicana no erradicaría el hambre que padece más de la mitad de la población.

Por su parte, el subcomandante Marcos, tras tachar el acto de limosnas, enfatizó que hay que buscar otro lugar para pagarlas.

Nieto, tras lamentar el hambre que sufren millones de mexicanos, lanzó el lunes la "Cruzada Nacional contra el Hambre" que tiene como objetivo asistir a cerca de 7.4 millones de personas que sufren falta de alimentos en el estado de Chiapas, en el sureste de México.

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