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La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó el martes una demanda presentada por grupos de derechos humanos y otras personas que impugnan un programa de vigilancia electrónica del gobierno federal, creado después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

En una decisión 5 a 4, los jueces dijeron que los demandantes -entre ellos, la filial de Amnistía Internacional en Estados Unidos y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés)- no tenían capacidad legal para llevar el caso debido a que no pudieron probar una afectación personal por el programa de gobierno.

El programa en cuestión es la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), ampliado en 2008 para permitir que las agencias de inteligencia de Estados Unidos controlaran las llamadas telefónicas y los correos electrónicos internacionales, con la esperanza de frustrar potenciales planes terroristas.

Los jueces no indicaron si el programa es o no constitucional, sino si los demandantes pueden presentar su recurso de inconstitucionalidad.

La decisión estuvo dividida según líneas ideológicas: la mayoría conservadora votó a favor de desestimar la demanda y los cuatro jueces moderados votaron en contra.

En el caso, titulado Clapper Vs Amnistía Internacional, el gobierno del presidente Barack Obama pidió al tribunal superior desechar el juicio.

Los abogados del gobierno argumentaron en nombre de James Clapper, director de inteligencia nacional, y sostuvieron que debido a que la vigilancia apunta a extranjeros, los demandantes no tenían legitimación para presentar el juicio.

Los demandantes, que también incluyen a los abogados que representan a los prisioneros en Guantánamo y medios de comunicación, mantuvieron que podían presentar el caso debido a que sus propias comunicaciones privadas también pueden ser interceptadas en la vigilancia electrónica.

"Sostenemos que los demandantes no tienen... derecho porque no pueden demostrar que el daño futuro que supuestamente temen es ciertamente inminente", señaló el fallo de la mayoría, escrito por el juez Samuel Alito.

"Es altamente especulativo si el gobierno inminentemente tendrá como objetivo comunicaciones en las que los demandantes sean parte", escribió Alito.

Un tribunal de apelaciones había fallado anteriormente a favor de los demandantes, declarando que su temor a ser controlados no era "paranoico o irrazonable".

El juez Stephen Breyer, al escribir la opinión disidente, dijo que hay "una alta probabilidad" de que el gobierno vaya a interceptar "al menos alguna de las comunicaciones", que incluyen conversaciones con familiares de los detenidos en Guantánamo, amigos y conocidos de esas personas , y los investigadores, peritos y otros".