.jpg)
EE.UU. estudia presentar una demanda contra la agencia calificadora de riesgos Moody´s por defraudar a los inversores. Según revelan fuentes del entorno del fiscal general, lo haría al ver un trámite positivo de la demanda contra Standard & Poors.
El Gobierno sospecha que ambas agencias defraudaban a los inversores otorgando índices de confiabilidad aumentados a los bonos y otros productos financieros que emitían los bancos y las agencias hipotecarias en vísperas de la crisis financiera. La acusación formal contra S&P fue presentada el pasado 5 de febrero.
El fiscal general de Estados Unidos, Erik Holder, sostuvo que las agencias de calificación no eran independientes y que no representaban el interés social. Fueron contratadas por los bancos de inversión como parte de una gran burbuja de los bonos hipotecarios. Un conflicto de intereses fue el que llevó a inflar las calificaciones, desembocando en la mayor crisis financiera de la historia reciente.
Ambos pleitos no prometen una batalla fácil al Gobierno estadounidense. Los abogados de las entidades crediticias ven improbable que se puedan demostrar las prácticas fraudulentas. Según ellos, las calificaciones que otorgaban fueron las que creían adecuadas en aquel momento.
El Gobierno pretende distanciarse lo máximo posible del fraude, cuyas víctimas son decenas de miles de inversores privados. Pero los expertos independientes endosan la mayor parte de la culpa a los reguladores estatales. Así, el consultor en asuntos económicos y financieros Isaac Cohen, dice que para esos funcionarios "mientras el mercado iba para arriba no había problemas, todos salían ganando, todo el mundo estaba contento y nadie quería hacer nada".
"Había un presidente del Banco Central que decía que esa entidad no podía hacer nada para impedir la burbuja o el estallido de los precios de los inmuebles", recuerda Cohen. "Y lo que hay que hacer es, cuando un banco se rompa, entrar a recoger los pedazos". A su juicio, esa actitud llevó a los reguladores a cerrar los ojos a lo que pasaba en el sector antes de la crisis.
Según otros observadores, es importante que, aunque tarde, el Gobierno esté empezando a tomar acciones legales contra aquellos que se llenaron los bolsillos a sabiendas de lo desastrosas que podían ser las consecuencias de su actuación para la economía nacional.
El Gobierno sospecha que ambas agencias defraudaban a los inversores otorgando índices de confiabilidad aumentados a los bonos y otros productos financieros que emitían los bancos y las agencias hipotecarias en vísperas de la crisis financiera. La acusación formal contra S&P fue presentada el pasado 5 de febrero.
El fiscal general de Estados Unidos, Erik Holder, sostuvo que las agencias de calificación no eran independientes y que no representaban el interés social. Fueron contratadas por los bancos de inversión como parte de una gran burbuja de los bonos hipotecarios. Un conflicto de intereses fue el que llevó a inflar las calificaciones, desembocando en la mayor crisis financiera de la historia reciente.
Ambos pleitos no prometen una batalla fácil al Gobierno estadounidense. Los abogados de las entidades crediticias ven improbable que se puedan demostrar las prácticas fraudulentas. Según ellos, las calificaciones que otorgaban fueron las que creían adecuadas en aquel momento.
El Gobierno pretende distanciarse lo máximo posible del fraude, cuyas víctimas son decenas de miles de inversores privados. Pero los expertos independientes endosan la mayor parte de la culpa a los reguladores estatales. Así, el consultor en asuntos económicos y financieros Isaac Cohen, dice que para esos funcionarios "mientras el mercado iba para arriba no había problemas, todos salían ganando, todo el mundo estaba contento y nadie quería hacer nada".
"Había un presidente del Banco Central que decía que esa entidad no podía hacer nada para impedir la burbuja o el estallido de los precios de los inmuebles", recuerda Cohen. "Y lo que hay que hacer es, cuando un banco se rompa, entrar a recoger los pedazos". A su juicio, esa actitud llevó a los reguladores a cerrar los ojos a lo que pasaba en el sector antes de la crisis.
Según otros observadores, es importante que, aunque tarde, el Gobierno esté empezando a tomar acciones legales contra aquellos que se llenaron los bolsillos a sabiendas de lo desastrosas que podían ser las consecuencias de su actuación para la economía nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario