La demanda tiene por objeto que se suspenda provisionalmente la liberación descontrolada de OGM´s y se etiqueten los productos que los contengan y que se prohíba también la aplicación de los agroquímicos utilizados para su cultivo hasta tanto se determine científicamente su inocuidad para el ambiente y la salud de los seres vivos. Los abogados ambientalistas además reclaman que el Congreso legisle sobre bioseguridad y condene a las firmas demandas a reparar el medioambiente y pagar indemnizaciones en caso de que sea necesario.
Sin embargo, pese a la gravedad de la situación planteada, nadie parece dispuesto a ponerle el cascabel al gato. En Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, una orden judicial le prohibió a Monsanto seguir con la construcción de su planta, resistida por los vecinos. Pero la multinacional hace caso omiso y camiones, grúas, retroexcavadoras, y hormigoneras siguen adelante, trabajando dentro del predio cercado. El abogado de la organización Malvinas Lucha por la Vida, doctor Federico Macciocchi, indicó que la Cámara del Trabajo, a través de su Sala Segunda, revocó el fallo habilitante e hizo lugar a la medida cautelar de paralizar las obras, aunque todo sigue igual.
Si bien la década del 90 marcó el avance de las multinacionales cuestionada, nada cambió con el paso de los años. A mediados de 2012, Monsanto anunció un nuevo desembarco en Argentina por 1800 millones de pesos para montar una nueva planta para semillas de maíz y otro de 170 millones de dólares para dos estaciones experimentales de maíz y soja en Córdoba y Tucumán. La planta de Malvinas está planeada como la más grande de Latinoamérica, con 200 silos de almacenamiento y ventilación de cereal. Un estudio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba, concluyó que no era recomendable la construcción de la planta ya que actualmente ya se detectaron casos de malformaciones congénitas, abortos espontáneos y enfermedades respiratorias y de piel, provocadas por las fumigaciones rurales.
La esperanza de la Corte
En Buenos Aires, los profesionales que acudieron a la Suprema Corte enumeran en el expediente los casos de daño a la salud de personas afectadas por agroquímicos entre los que se cuentan casos de cáncer, leucemia y bebés nacidos con malformaciones.
Los cultivos transgénicos, encabezados por la soja y el maíz en Argentina se comercializan con los herbicidas y pesticidas que requieren para su desarrollo, en forma de paquete. Justamente, el caso más común es el de la soja 'Roundup Ready' (RR) de Monsanto, una semilla resistente al herbicida Roundup, a base de glifosato. La soja transgénica ya colonizó el 59% de la tierra cultivable en Argentina, de acuerdo a un estudio elaborado por el Centro de Biodiversidad de Noruega. Actualmente, en el Congreso, ya se prepara la ley sobre el uso de semillas que impedirá a los agricultores usar las semillas de la cosecha anterior sin pagar a Monsanto.
"Fuimos directamente frente a la Corte Suprema, porque ya sabemos los juzgados como actúan con estos temas, por eso tratamos de lograr la competencia originaria", explicó una de las demandantes, Graciela Cristina Gómez a plazademayo.com y señaló que "la novedad es que se está atacando directamente al modelo productivo de transgénicos y estamos pidiendo el etiquetado de los alimentos transgénicos, queremos saber qué comemos".
La modificación artificial del ADN de las plantas se aprobó en Argentina en 1996. Argentina fue el segundo país del mundo en autorizar la soja RR gracias al visto bueno de Felipe Solá, en esa época, secretario de Agricultura de la gestión de Carlos Saúl Menem, (de 136 folios del expediente, 108 son de Monsanto, en inglés y sin traducción). En 2012 se aprobaron 10 nuevas semillas transgénicas en el país. De acuerdo a los demandantes, se usan 200 millones de litros de agroquímicos en cada campaña rural, en algunos casos muy cerca de poblaciones y a sabiendas de los daños que podrían causar a esas personas.
"Nosotros estamos mirando la legislación Europea, si no entra el transgénico tampoco se usa el veneno, estamos yendo al meollo de la cuestión que es la Resolución 167/96 firmada por Solá", remarca Gómez y recuerda un caso ya difundido por plazademayo.com, el de Fabián Tomasi, quien estuvo cuatro años sin DNI por carecer de huellas digitales, producto del manejo de los agroquímicos, sin protección. El mismo Florencio Randazzo, admitió la situación ante la abogada que se encargó de la gestión.
"Es un desafío muy grande y no hay un antecedente parecido, por eso este grupo se formó con estos abogados reconocidos, tres de ellos del fallo Mendoza, el caso del Riachuelo", admite la letrada y remarca que "la prueba documental es muchísima, las historias clínicas son muy extensas, solo la de Estanislao de Mercedes, el niño afectado por Leucemia LLA, consta de 4 Tomos, sumado a la de Julietita de Santiago del Estero y Fabián Tomasi de Entre Ríos". En la acción participan también el doctor Jorge Mosset Iturraspe, y los mismos patrocinantes del leading case del fallo Mendoza.
Pese a la fortaleza de las pruebas y los avales internacionales obtenidos, los juristas son realistas: "Si es cierto que lo puede rechazar como ya lo hizo con otros amparos, dejando pasar un tiempo de dos años, lo cual sería vergonzoso, que de aquí a dos años y sin dar ninguna explicación, o basarse en la decisión del procurador".
Mala leche
"En Canadá 86 mujeres embarazadas tenían en su sangre restos de glufosinato, glifosato y Bt, sin estar expuestas ni vivir en el campo, sino por el consumo de alimentos contaminados", detalla Gómez para enumerar algunos de los argumentos de la demanda.
Sin ir más lejos, un trabajo realizado por un organismo estatal, avala el planteo de estos abogados. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) investigó en maternidades del conurbano bonaerense la composición de la leche materna y encontró valores de plaguicidas superiores en un 15 por ciento por sobre los tolerados en el Código Alimentario Argentino.
Según publicó el organismo en su último boletín, las futuras madres incorporan estos compuestos por la ingesta de agua, frutas y verduras en su alimentación y se trata de residuos de pesticidas que alteran la calidad nutricional del alimento y que podrían causar trastornos en la salud de los bebés.
Los estudios del organismo se realizaron conjuntamente con el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá de la ciudad de Buenos Aires, el Hospital Posadas de Haedo y la Maternidad Santa Rosa de Vicente López, y se centraron en un grupo de madres que habían dado a luz en esos establecimientos.
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