Decenas de miles de demandas de información son enviadas cada año por el FBI y en el 97% de los casos, se prohibe
Una jueza estadounidense ordenó este viernes al FBI dejar de utilizar de forma generalizada las llamadas cartas de "seguridad nacional" juzgando que este método empleado para vigilar secretamente a los usuarios de internet, en nombre de la lucha contra el terrorismo, era anticonstitucional.
La ley conocida como Patriot Act, adoptada después del 11 de septiembre, autoriza al FBI a enviar cartas a grupos privados -como Google- para obtener las informaciones necesarias para vigilar sus cuentas de internet, todo bajo la protección de no tener que revelar que estas demandas han sido realizadas.
Google indicó recientemente que había recibido del gobierno entre 0 y 999 demandas, de 2009 a 2012. Estas demandas suponían cada año entre 1000 y 1999 cuentas, con la excepción de 2010, en el curso de las cuales las demandas alcanzaron entre 2000 y 2999 cuentas, según la empresa de internet, que precisó que no publicaba cifras precisas a demanda de las autoridades.
En su dictamen pronunciado este viernes, la jueza de un juzgado de San Francisco (California, oeste), Susan Illston, apunta a elementos que sugieren que decenas de miles de demandas se envían cada año y que, en el 97% de los casos, son acompañadas de una prohibición de mencionar su existencia.
"La utilización generalizada de estas órdenes de no divulgación (...) saca a la luz un riesgo para la libertad de expresión cuando no es necesario", escribió en su decisión Illston.
La prohibición determinada por la jueza entrará en vigor en 90 días, para dejar tiempo a los legisladores estadounidenses a reaccionar "dada la importancia de las cuestiones constitucionales y de seguridad en juego", añadió.
Este dictamen forma parte de una demanda presentada en 2011 por un grupo de defensa de libertad de internet, la Electronic Frontier Foundation (EFF), en nombre de una empresa de telecomunicación que permanece en el anonimato.
"Estamos muy satisfechos de que la corte haya reconocido los defectos de (este sistema) en relación a la Constitución", comentó Matt Zimmerman, de EFF.
Una jueza estadounidense ordenó este viernes al FBI dejar de utilizar de forma generalizada las llamadas cartas de "seguridad nacional" juzgando que este método empleado para vigilar secretamente a los usuarios de internet, en nombre de la lucha contra el terrorismo, era anticonstitucional.
La ley conocida como Patriot Act, adoptada después del 11 de septiembre, autoriza al FBI a enviar cartas a grupos privados -como Google- para obtener las informaciones necesarias para vigilar sus cuentas de internet, todo bajo la protección de no tener que revelar que estas demandas han sido realizadas.
Google indicó recientemente que había recibido del gobierno entre 0 y 999 demandas, de 2009 a 2012. Estas demandas suponían cada año entre 1000 y 1999 cuentas, con la excepción de 2010, en el curso de las cuales las demandas alcanzaron entre 2000 y 2999 cuentas, según la empresa de internet, que precisó que no publicaba cifras precisas a demanda de las autoridades.
En su dictamen pronunciado este viernes, la jueza de un juzgado de San Francisco (California, oeste), Susan Illston, apunta a elementos que sugieren que decenas de miles de demandas se envían cada año y que, en el 97% de los casos, son acompañadas de una prohibición de mencionar su existencia.
"La utilización generalizada de estas órdenes de no divulgación (...) saca a la luz un riesgo para la libertad de expresión cuando no es necesario", escribió en su decisión Illston.
La prohibición determinada por la jueza entrará en vigor en 90 días, para dejar tiempo a los legisladores estadounidenses a reaccionar "dada la importancia de las cuestiones constitucionales y de seguridad en juego", añadió.
Este dictamen forma parte de una demanda presentada en 2011 por un grupo de defensa de libertad de internet, la Electronic Frontier Foundation (EFF), en nombre de una empresa de telecomunicación que permanece en el anonimato.
"Estamos muy satisfechos de que la corte haya reconocido los defectos de (este sistema) en relación a la Constitución", comentó Matt Zimmerman, de EFF.
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