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Los recortes al sistema de beneficios sociales aplicados por el Ejecutivo de David Cameron ya están impactando en los grupos sociales más vulnerables, lo que lleva a un incremento en la cantidad de necesitados en Inglaterra.

Según un estudio realizado por la compañía multinacional agroalimentaria Kellogg, el número de personas que tienen que recurrir a los bancos de alimentos está creciendo de forma preocupante en Reino Unido.

"Al menos 4,7 millones de británicos no tienen suficiente dinero para comprar comida", advierte el estudio "la mitad de las personas que acuden a la caridad dicen hacerlo porque sus ayudas públicas han sido recortadas con las últimas reformas o porque, incluso siendo beneficiarios de estas ayudas, aún no han recibido el dinero".

En otro informe publicado por el centro de caridad Trussell Trust, 36,6% de los beneficiados por el reparto de comida en los bancos de alimentos británicos son niños. El mismo informe indica que entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2012, más de 900 personas recibieron su ayuda por lo menos tres veces. En el mismo periodo de este año 2013, el número ha crecido hasta superar las 7.000.

"El aumento en vertical de la gente que acude a los bancos de alimentos porque no pueden permitirse la compra es una llamada a la nación diciendo que no podemos ignorar lo que pasa al otro lado de nuestra puerta", comentó Chris Mould, presidente ejecutivo de Trussell Trust, durante la presentación de las estadísticas anuales de la obra de caridad.

"Los políticos de todo el arco parlamentario tienen que reconocer de forma urgente el alcance verdadero de la pobreza alimenticia en el Reino Unido y formular nuevas políticas que se dediquen a acabar con las causas subyacentes" añadió.

Para Mould, cuando los alquileres y los precios de la energía suben y la gente debe escoger entre mantener un techo sobre sus cabezas o pasar hambre, prefieren reducir el gasto en alimentos.

En otras declaraciones a la versión británica del periódico Huffington Post, el director de Trussell Trust afirmó que con la disposición de cambiar los beneficios, el Ejecutivo ya había tomado la decisión deliberada de restringir el poder adquisitivo de las personas vulnerables.