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El grupo armado Séléka reforzó su posición en las provincias del norte de la República Centroafricana, en la segunda mitad de agosto de 2013.
Michel Yotodia asumió la Presidencia de República Centroafricana el domingo 18, pero Séléka, la alianza de grupos rebeldes que encabezó y que lo ayudó a derrocar al gobierno el 23 de marzo, sigue saqueando y matando civiles.

Ese país, uno de los más pobres del mundo, sufre una crisis humanitaria que se profundiza desde el mes pasado por los ataques de Séléka, que se multiplicaron en los alrededores de Bangui.

La comunidad internacional logró restablecer parcialmente el orden en esa capital tras convencer a Yotodia de llamarse presidente interino y de crear un consejo de transición para realizar elecciones en los próximos 18 meses.

Pero algunos elementos descontrolados de la coalición rebelde se retiraron a las provincias, donde continuaron con sus actividades vandálicas. El resultado fue un aumento sin precedentes de la violencia contra la población civil, en especial en el norte del país.

Las comunidades tomaron las armas contra los grupos armados rebeldes, lo que empeoró las represalias y la venganza. Las propias divisiones internas dentro de Séléka también exacerbaron la crisis y hubo varios enfrentamientos.

El conflicto llegó hasta el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, el miércoles 14, Valerie Amos, secretaria general adjunta para asuntos humanitarios, alertó: "La República Centroafricana todavía no fracasó como Estado, pero puede llegar a ocurrir si no se toman medidas raudamente".

Organizaciones no gubernamentales y agencias de la ONU se vieron obligadas a disminuir su personal en el país cuando comenzaron los enfrentamientos. Su personal y la población civil se convirtieron en blanco de ataques de Séléka.

"Saquearon y robaron a tal punto que tenemos que empezar de cero, y nos lleva mucho tiempo movilizar recursos para eso", se lamentó Amy Martin, directora de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), en entrevista con IPS.

Vivir con miedo

Fuera de Bangui, los rebeldes actúan con total impunidad, pues el Estado de derecho desapareció junto con las autoridades. Las sedes judiciales y del gobierno no se salvan de los saqueos, y los policías se disfrazan de civiles por temor a las agresiones de Séléka.

Varias aldeas se volvieron pueblos fantasma después de que pasaran los rebeldes. Las escuelas, los hospitales y las casas están desiertas. Las pocas personas que quedaron se esconden en el monte, viven en malas condiciones de higiene y son vulnerables a enfermedades como la malaria (paludismo).

Las crecientes tensiones en el norte obligaron a unas 4.000 personas a abandonar sus hogares en la frontera con Chad. En total, el conflicto desplazó a unos 206.000 civiles.

El último informe de OCAH considera que 1,6 millones de personas, de las 5,1 millones que viven en República Centroafricana, son "vulnerables".

En la sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la República Centroafricana, el secretario general adjunto para derechos humanos Ivan Šimonović denunció varias violaciones, entre ellas ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, diversas formas de violencia de género y reclutamiento de niños soldados.

Muchas organizaciones no gubernamentales se refugiaron en Bangui, aunque algunas como Médicos Sin Fronteras (MSF) y la Cruz Roja nunca se fueron del todo, aunque sí redujeron su personal cuando arreció la violencia. Ahora recuperan sus locales y mandan nuevos trabajadores al campo.

Los trabajadores de la ONU también volvieron a sus labores a partir del 10 de este mes, aunque la organización solo podrá recuperar su capacidad total cuando haya suficientes fondos y todo el país sea seguro.

Un conflicto que no se "vende" bien

Siempre fue difícil recaudar fondos para República Centroafricana, incluso antes del golpe de Estado del 23 de marzo. Por haber sido colonia de Francia, ese país se considera un "problema francés", explicó Lewis Mudge, investigador de Human Rights Watch, a IPS.

Además de su bajo perfil internacional, varios donantes extranjeros le retiraron la ayuda a este país por temor a que el dinero terminara en las manos equivocadas. Las pérdidas se concentraron en cuestiones de desarrollo, un rubro considerado menos "urgente" que la asistencia humanitaria.

"En este momento alcanzamos una muy alta intensidad en materia de violaciones de derechos humanos, pero no tenemos forma de sustentarnos", indicó Joseph Bindoumi, presidente de la Liga para la Defensa de los Derechos Humanos, perjudicada por los recortes.

Los donantes tradicionales de República Centroafricana no se retiraron ni redujeron su ayuda, dijo Martin a IPS. Lo que sucedió es que sus donaciones se estancaron cuando la demanda aumentó.

Se consiguió 32 por ciento de los 195 millones de dólares necesarios para paliar la crisis, aunque se distribuyeron mal. Los rubros refugios de emergencia y pronta recuperación no recibieron ni un centavo, y agua, saneamiento e higiene concentraron ocho por ciento del monto necesario.

Seguridad: el primer paso hacia la recuperación

"El asunto más acuciante sigue siendo la seguridad", subrayó Bindoumi, y deploró que la inseguridad dificultara la labor de su organización para ofrecer asistencia humanitaria fuera de Bangui.

La seguridad de República Centroafricana se encomendó a la Unión Africana hasta el 19 de julio, cuando la comunidad internacional decidió reforzar la fuerza de paz de la Misión Internacional de Apoyo a República Centroafricana, encabezada por África.

Se desplegaron 3.600 efectivos, un tercio de las cuales oficiarán de policía civil y el resto, militar.

Pero "la cifra de 3.600 no es ni de cerca suficiente", dijo Mudge a IPS.

Con unos 20.000 combatientes de Séléka desplegados por todo el país, los efectivos de la ONU deberán organizarse de forma estratégica y tener un mandato sólido para lograr algo. De lo contrario, será una "persecución del gato al ratón" de nunca acabar.

Pero este país no puede esperar mucho más, apuntó Mudge, y reconoció que "una reducida fuerza de paz igual puede marcar una diferencia".

Solo 60 efectivos de la misión de República Democrática del Congo, por ejemplo, mejoraron la seguridad en el norteño pueblo de Kaga-Bondoro en comparación con sus vecinos.