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Richard E. Goodman en la Universidad de Nebraska
Richard E. Goodman en la Universidad de Nebraska
Como se desprende de lo que acabamos de contar de Robert Smith, los editores de las revistas tienen mucho poder e influencia en la Ciencia, teniendo oportunidades para el abuso. La Industria Biotecnológica sabe todo esto, e intenta influir y controlar las publicaciones científicas.
A veces cuentan con la cooperación voluntaria de los editores, que puede ser de forma descarada. En 2009, se descubrió que la editorial científica Elsevier estaba publicando una revista médica, con su comité editorial y todo, en la que aparecían artículos que hacían publicidad de la empresa farmacéutica Merck. Merck le proporcionaba los documentos, Elsevier los publicaba, y los médicos los leían, sin saber que la revista The Australasian Journal of Bone and Joint Medicine era simplemente un osito de peluche.
En septiembre de 2012 la revista científica Food and Chemical Toxicology (FCT) publicó un estudió que produjo una convulsión internacional (Séralini et al. 2012). El estudio, dirigido por el profesor Gilles-Eric Séralini de la Universidad de Caen, Francia, sugería que un maíz transgénico de Monsanto y el herbicida Roundup planteaban graves riesgos para la salud. El estudio de alimentación que se prolongó durante dos años encontró que las ratas alimentadas tanto con el maíz transgénico como con pequeñas cantidades de Roundup, provocaba daños orgánicos graves y un aumento en la tasa de tumores y muerte prematura. Tanto el maíz transgénico NK603 como Roundup están producidos por Monsanto. Corinne Lepage, ex Ministra de Medio Ambiente de Francia, afirmó que tal estudio era "una bomba".
Posteriormente se inició una campaña para desacreditar el estudio en los medios de comunicación y obligar a la revista a que se retractase de la publicación de dicho estudio. Muchos de los que enviaron comunicaciones a FCT ( que es publicada por Elsevier) tenían conflictos de interés con la Industria de los Transgénicos y formaban parte de grupos de presión, aunque este punto no se reveló públicamente.
La revista no se retractó de la publicación del estudio. Pero sólo unos meses más tarde, a principios de 2013, el Consejo de Redacción de FCT contrató a un nuevo "Editor asociado a la Industria de la Biotecnología", Richard E. Goodman. Se ocupó así un enclave estratégico para seguir el asunto Séralini.
Richard E. Goodman es profesor en Food Allergy Research and Resource Program, de la Universidad de Nebraska. Pero también un ex empleado de Monsanto, compañía en la que estuvo trabajando desde 1997 a 2004. En Monsanto trabajaba sobre la alergenicidad de los cultivos transgénicos y publicó varios artículos sobre cuestiones de alergenicidad y seguridad alimentaria de los transgénicos (Goodman y Leach 2004).
Goodman no tuvo relación, que se sepa, con la revista hasta febrero de 2013. Su nombramiento fue por la vía rápida, y se plantean algunas preguntas sobre la ocupación de este puesto en el Consejo de Redacción. ¿Intenta Monsanto decidir cuáles son los documentos sobre Biotecnología que se deben publicar en FCT? ¿Es un intento por parte de Monsanto y de la Industria Biotecnológica de controlar las publicaciones científicas?
Equiparar una revista científica con la Ciencia puede parecer una exageración. Pero una publicación revisada por pares, para la mayor de los científicos, es Ciencia. Una vez que un artículo se publica en una revista académica sirve de modelo, sea sobre la tectónica de placas o la estructura del ADN. El resto de la investigación, sin importar lo innovador que sea, es irrelevante. Un científico hizo una vez una observación mordaz sobre los datos de seguridad de la Industria Biotecnológica, que se consideran confidenciales, y en los que se basa la aprobación de productos químicos y de los alimentos transgénicos: "Si no se publican, no existen".
La conexión de Goodman con ILSI
La conexión con Monsanto del nuevo guardián de la Biotecnología en FCT no es la única. Goodman tiene una activa y continua participación en ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida). ILSI está financiado por las grandes empresas de transgénicos y de Agroquímicos, como Monsanto. Dice elaborar métodos para la evaluación de riesgos de los alimentos transgénicos y contaminantes químicos, que después forman parte de las regulaciones gubernamentales.
ILSI se describe a sí misma como de interés público y sin ánimo de lucro, pero la infliltración en las Agencias de Regulación y su influencia sobre la política de evaluación de riesgos es algo muy controvertido tanto en América del Norte como Europa. En el año 2005, los sindicatos escribieron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) protestando sobre la influencia de ILSI en la aprobación de las normas sanitarias internacionales y de suministro de alimentos y agua. Como resultado, la OMS prohibió a ILSI participar en actividades de la OMS relacionadas con las normas de seguridad, debido a las fuentes de financiación. Y en Europa, en 2012, Diana Banati, por entonces jefe de la junta directiva de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), tuvo que dimitir por su participación no revelada en ILSI (Robinson et al. 2013).
El nombramiento de Goodman para el Consejo de Redacción de FCT es sorprendente, porque de hecho la revista ya cuenta con expertos en seguridad de los alimentos transgénicos. De los cuatro jefes de redacción, José L. Domingo es profesor de Toxicología y Salud Ambiental y autor de dos revisiones completas de los estudios sobre inocuidad de los alimentos transgénicos (Domingo 2007, Domingo y Bordonaba 2011). Ambas revisiones se mostraban escépticas con la tesis de que los transgénicos son seguros. En consecuencia, no está nada claro por qué FCT necesita un "Editor asociado de Biotecnología", pero está claro que Monsanto tiene interés en asegurarse que el asunto Séralini no vuelva repetirse.
El caso Paul Christou
FCT no es la única revista académica que parece haber caído en los intereses comerciales. Después de la campaña que se inició para conseguir que FCT se retractase de la publicación del estudio de Séralini, la revista Transgenic Research publicó una dura crítica del estudio y de los propios investigadores (Arjo et al., 2013). El principal autor de la crítica fue Paul Christou.
Christou y otros coautores dijeron del Editor de FCT que la publicación de estudio de Séralini suponía "una violación clara y flagrante de las normas de publicación científica". Insistieron en que el editor de la revista debía retractarse de la publicación de este estudio "en base a unos claramente erróneos y las fuertes evidencias de una mala conducta científica y de un abuso del proceso de revisión por pares. Incluso una retracción completa del artículo de Séralini no va a limpiar Internet de las imágenes de las ratas con inflamaciones tumorales".
Estos mismos autores insistieron en que el estudio de Séralini era fraudulento, que los investigadores no habían analizado los datos de una manera objetiva, y que el tratamiento dado a los animales durante el experimento fue inhumano.
No es la primera vez que Christou ataca los estudios científicos que plantean dudas sobre los cultivos transgénicos. En 2001, Ignacio Chapela y David Quist, de la Universidad de California, Berkeley, publicaron en la revista Nature que las variedades de maíz indígena mexicano estabancontaminados con genes transgénicos (Quist y Chapela, 2001). Este problema era, y sigue siendo, muy controvertido, ya que México es el centro genético del maíz. En paralelo con los ataques recibidos por el estudio de Séralini, se produce en Internet otra campaña contra Chapela y Quist, exigiendo también que la revista Nature se retracte de su publicación. Entonces Christou, cuando estaba en pleno ataque al estudio de Séralini, ataca también el de Chapela y Quist en un artículo titulado "No hay evidencias científicas creíbles para respaldar las afirmaciones de que el ADN transgénico haya contaminado las variedades tradicionales de maíz en Oaxaca, México" (Christou, 2002).
En respuesta a la campaña, el editor de la revista Nature, Philip Campbell, solicitó a Chapela y Quist más datos, y se preparó otra nueva revisión por pares. Sólo hubo un apoyo dentro del grupo de tres para que se produjese esa retracción, y nadie había presentado datos ni análisis que contradijeran los hallazgos de Chapela y Quist. Sin embargo, Nature afirmó: "Las pruebas disponibles no son suficientes para justificar la publicación del artículo original".
Algunas investigaciones posteriores realizadas con diferentes muestras encontraron genes transgénicos en las variedades indígenas de maíz mexicano ( Piñeyro-Nelson et al. 2009), mientras que otros no los encontraron (Ortiz-García et al. 2005).
Paul Christou por el contrario, no tenía ningún problema en que se le publicase una de sus críticas sobre la investigación transgénica. Es el editor en Jefe de la revista. Al igual que Goodman, Christou mantiene relaciones con Monsanto. Monsanto compró la compañía de semillas transgénicas Agracetus ( el antiguo jefe de Christou) y Monsanto tiene ahora patentes para la producción de cultivos modificados genéticamente, de los que Christou figura como inventor. Es una práctica normal normal señalar en los artículos científicos los conflictos de interés, pero Christou no los dio a conocer en su crítica al estudio de Séralini.
El asunto Ermakova
No sólo los editores pueden impedir la publicación de investigaciones en su revista que muestran los problemas con los cultivos transgénicos, sino que pueden bloquear su publicación en otras. En 2007, la revista académica Nature Biotechnology publicó un ataque al trabajo de la científica rusa Irina Ermakova (Marshall, 2007). Habían encontrado un retraso en el aumento del peso, mayor mortalidad y disminución de fertilidad en las ratas alimentados con soja transgénica tolerante al glifosato durante varias generaciones (Ermakova, 2006; Ermakova, 2009).
El editor de la revista Nature Biotechnology, Andrew Marshall, se puso en contacto con Ermakova, invitándola a responder a las preguntas sobre sus conclusiones, que sólo había expuesto en conferencias. Le dijo que tenía "la oportunidad de presentar sus opiniones y conclusiones, en lugar de que todo fuese por referencias". Ermakova estuvo de acuerdo.
Lo que siguió a continuación fue irregular y engañoso. El editor envió a Ermakova una serie de preguntas sobre su investigación, a las que ella respondió. Al cabo de un tiempo recibió lo que pensaba iba a ser su artículo, con la inclusión de su autoría.
Sin embargo, el artículo que finalmente fue publicado era muy diferente. En lugar de aparecer el nombre de Ermakova aparecía el de Marshall.En cada una de las respuestas que había dado Ermakova a las preguntas aparecía una larga crítica realizada por cuatro científicos protransgénicos (Marshall, 2007). La prueba enviada a Ermakova no incluía estos comentarios críticos. Se le negó posteriormente en la revista la oportunidad de ejercer la misma práctica. En la redacción final del artículo el editor de la revista conservó las referencias de los críticos, eliminando muchas de las de Ermakova, lo que daba la impresión de que sus afirmaciones estaban infundadas.
El tratamiento dado a Ermakova en Nature Biotecnology fue criticado por muchos científicos y en muchos medios de comunicación. Harvey Marcovitch, ex editor de una revista científica, y ahora director de la Comisión de Ética de las Publicaciones (COPE), que establece las normas éticas de las revistas académicas, comentó lo siguiente: "Es algo con lo que nunca me había encontrado". Y a pesar de decir que había cosas muy sorprendentes, no estuvo dispuesto a especular sobre lo que había pasado: "Quizás el editor estaba probando un nuevo tipo de redacción de los artículos, sin tenerlo todo planeado, o quizás es que hubo una especie de conspiración o como quieran llamarlo".
El Dr. Brian John, de GM-Free Cymru fue más contundente: "Estas publicaciones académicas sensacionalistas dan lugar a engaño, a la mentira, a la hipocresía y a una mala praxis editorial".
En medio de este alboroto, el editor Marshall mantuvo un intercambio de correos electrónicos con Ermakova. Se demostró que lejos de haber solicitado los comentarios a los cuatro científicos protransgénicos, estos por propia iniciativa se habían dirigido a la revista para exponer su crítica, y ninguno de ellos era toxicólogo. Los críticos se seleccionaron a sí mismos para juzgar la publicación de Ermakova, que nunca apareció en la forma en la que ésta lo había redactado, como errónea.
Nature Biotechnology tampoco reveló los conflictos de interés en los caían los críticos de Ermakova: Bruce Chassy, autor de dos publicaciones en ILSI,que definían metodologías para la evaluación de riesgos de los cultivos transgénicos, que posteriormente fueron incluidos en las directrices de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria; Vivian Moses, que fue presidenta de GropGen, un lobby del sector de los transgénicos que tiene a Monsanto entre sus patrocinadores; L. Val Giddings, consultor de la Industria, descrito como ex miembro de la Organización de la Industria Biotecnológica (BIO), de que Nature Biotechnology omitió decir que ocupaba un alto cargo en BIO, Vicepresidente para la Alimentación y la Agricultura, y que entre los financiadores de BIO se encontraban empresas relacionadas con los cultivos transgénicos, como Monsanto, Dow y DuPont; el último de los críticos era Alan McHughen, que desarrolló para Monsanto un lino transgénico denominado Triffid, que en 2009 se descubrió había contaminado los suministros de lino que llegaban a Europa desde Canadá. Si se hubieran dado a conocer estos conflictos de interés, los lectores podrían haber juzgado de una forma diferente la crítica a Ermakova.
Estos ejemplos muestran que existe una amenaza real de la Industria a las revistas científicas. Las posibilidades que tienen los investigadores de publicar estudios críticos son cada vez menores. Esto es especialmente cierto en las revistas que tienen un mayor prestigio o impacto en los medios o que influyen en la opinión pública. Por otro lado, son pocas las Instituciones Científicas que apoyan a los investigadores que discrepan de los puntos de vista de la Industria, como ocurrió con Chapela y la Universidad de Berkeley, que trató de negarle su plaza de profesor después de la publicación del controvertido estudio sobre el maíz. Incluso se les niega el acceso a las fuentes de financiación. Casi toda la financiación para la investigación en bioseguridad llega a los investigadores que mantienen vínculos con la Industria.
Esto afecta directamente a la calidad de los estudios que se realizan. Una reciente revisión de la literatura científica encontró que la mayoría de los estudios que concluyen que los alimentos transgénicos son tan seguros como los no transgénicos, habían sido realizados por empresas que los promovían o estaban asociadas a ellas (Domingo y Bordonaba, 2011). No es casualidad que Noruega, un país que no está presionado por la Industria Agrotecnológica, albergue la única entidad pública del mundo que realiza investigaciones sobre las consecuencias sociales, para la salud y el medio de la Ingeniería Genética.
Hay diferentes formas de mitigar o neutralizar la influencia de la Industria que trata de bloquear los estudios científicos independientes que se muestran críticos. La primera forma es la transparencia en la publicación. Los editores de revistas deben adoptar las directrices de la COPE y publicar todos los conflictos de interés existente entre su personal y los editores.
Así mismo, de conformidad con lo estipulado por la COPE, los revisores deben seleccionarse para que no existan conflictos de interés. Si esto resulta imposible debido a la existencia de patentes y fondos de investigación aportados por la Industria, se debe tener cuidado a continuación de seleccionar un panel equilibrado que represente los diferentes puntos de vista. FCT es miembro de la COPE, pero no publica información sobre los conflictos de interés de los editores, y la cita de Goodman sobre Domingo demuestra poco interés en solventarlo.
Es posible que sea necesario examinar de forma crítica el concepto de revisión por pares. Las limitaciones de las opiniones de los expertos, ya sean a nivel individual o en grupo, son de sobra conocidas en el campo de la Medicina basada en evidencias. Para solucionar este problema, organismos sin ánimo de lucro, como Cochrane Collaboration, han desarrollado metodologías sistemáticas y transparentes para revisar y evaluar la eficacia de las diferentes intervenciones médicas. El objetivo es permitir a los profesionales tomar decisiones clínicas bien fundamentadas. Los criterios de revisión se establecen de forma transparente, por lo que hay menos posibilidades de sesgo en la evaluación de los estudios. Cuando hay desacuerdos, el fácil identificar y resolver el problema. Cochrane también elabora normas para prevenir conflictos de interés entre los revisores y la junta editorial.
El enfoque Cochrane es muy respetado y sus lecciones sobre la Medicina basada en evidencias, los conflictos de interés, y la resistencia a la presión de la Industria, se están aplicando en otros campos, como el de la exposición ambiental peligrosa (Woodruff et al. 2011). No hay razón para que las revistas científicas, incluyendo aquellas que publican artículos sobre investigación en torno a los transgénicos, no puedan utilizar métodos similares para evaluar sus documentos, de modo que tengan un menor protagonismo aquellos expertos que se vean envueltos en conflictos de interés.
Aplicar este tipo de políticas supondría un fuerte apoyo entre la comunidad científica independiente. Pero este apoyo no puede existir fuera de la investigación médica.
FCT nombró a Goodman, un ex empleado de Monsanto y conocido defensor de los puntos de vista de la Industria, nombramiento que se hizo justamente después de la publicación del polémico artículo muy crítico con los productos de Monsanto. Los directivos de FCT pasaron por alto el ascenso gradual desde dentro.
Mientras tanto, otras dos revistas científicas destacadas han servido como plataforma para que sus editores sigan generando actitudes abusivas y poco científicas, sin ninguna repercusión en su línea editorial. Marshall sigue siendo editor de Nature Biotechnology. El hecho de que los editores de revistas tengan este comportamiento, sugiere poco apoyo a la investigación independiente, y que la rendición de cuentas dentro del mundo de la edición científica apenas existe.
Es poco probable que las revistas científicas aborden los defectos de la publicación científica. Para ello habría que enfrentarse a un acuciante problema: que la Ciencia Académica hace caja de la explotación de los conflictos de interés. Se ha convertido de hecho en un modelo de negocio subyacente en el campo científico. Las Universidades ofrecen asesoramiento independiente a los Gobiernos, mientras reciben fondos de las empresas de investigación. Las Empresas no dan ese dinero para generar un nuevo conocimiento, sino por la influencia que comporta.
Este tipo de incentivos también se realizan a nivel personal. Los científicos ocupan puestos académicos financiados por los contribuyentes, mientras se benefician de las patentes, reservas y labores de consultoría. Si las revistas y las Agencias Gubernamentales tomasen cartas en el asunto para resolver los conflictos de interés, las empresas no destinarían ese dinero para la investigación, porque los científicos que reciben fondos de parte de la Industria perderían influencia.
Pero si las revistas científicas no encuentran una forma de nivelar la publicación de estudios críticos, los pocos científicos que todavía son capaces de llevar a cabo una investigación independiente de interés público pueden empezar a buscar modelos alternativos de publicación: revisión por pares pública o investigación de código abierto... Tales enfoques de colaboración podrían incluso revitalizar la publicación científica.
A menos que se produzca una reforma radical, la publicación revisada por pares, de la que muchos dicen es la característica definitoria de la investigación, necesita de enormes cambios, Desde su origen como garantía de calidad e independencia, se ha convertido en un instrumento a través del cual sólo hay una visión, con un casi total control. Richard E. Goodman, nuevo Editor Asociado de FCT sobre Biotecnología, tiene ahora la oportunidad de tirar por la escalera sólo aquellos documentos marcados como "aprobados por el sector".
Referencias:
Arjo G, et al. (2013). Plurality of opinion, scientific discourse and pseudoscience: an in depth analysis of the Séralini et al. study claiming that Roundup Ready corn or the herbicide Roundup cause cancer in rats. Transgenic Research 22: 2 255-267
Christou P (2002). No credible scientific evidence is presented to support claims that transgenic DNA was introgressed into traditional maize landraces in Oaxaca, Mexico. Transgenic Research 11: iii - v
Domingo JL (2007). Toxicity studies of genetically modified plants: a review of the published literature. Crit Rev Food Sci Nutr 47(8): 721-733
Domingo JL and JG Bordonaba (2011). A literature review on the safety assessment of genetically modified plants. Environ Int 37: 734 - 742.
Ermakova I (2006). Genetically modified soy leads to the decrease of weight and high mortality of rat pups of the first generation. Preliminary studies. Ecosinform. 2006;1:4 - 9.
Ermakova I (2009). [Influence of soy with gene EPSPS CP4 on the physiological state and reproductive function of rats in the first two generations] [Russian text]. Contemporary Problems in Science and Education 5:15 - 20.
Marshall A (2007). GM soybeans and health safety - a controversy reexamined. Nat Biotechnol 25: 981 - 987.
Ortiz-Garcia S, et al. (2005). Absence of detectable transgenes in local landraces of maize in Oaxaca, Mexico. Proceedings of the National Academy of Sciences 102: 18242.
Pineyro-Nelson A, et al. (2009). Transgenes in Mexican maize: molecular evidence and methodological considerations for GMO detection in landrace populations. Mol Ecol 18(4): 750-761.
Quist D and IH Chapela (2001). Transgenic DNA introgressed into traditional maize landraces in Oaxaca, Mexico. Nature 414(6863): 541-543.
Robinson, C, et al. (2013). Conflicts of interest at the European Food Safety Authority erode public confidence. J Epidemiol Community Health.doi:10.1136/jech-2012-202185.
Séralini GE, et al. (2012). Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize. Food and Chemical Toxicology 50(11): 4221-4231.
Woodruff TJ, et al. (2011). An evidence-based medicine methodology to bridge the gap between clinical and environmental health sciences. Health Aff (Millwood) 30(5): 931-937.
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