Las cinco empresas de la patronal UNESA, representadas por el Ministerio de Industria, lanzan una ofensiva contra los pequeños productores de energía.
La reforma del sector eléctrico que está a punto de aprobar el PP en solitario en las próximas semanas tiene como fin último la perpetuación de un modelo eléctrico que este año generará para esas compañías unos beneficios superiores a los 6.300 millones de euros. Esto a pesar de que la demanda peninsular de energía eléctrica en el mes de noviembre ha descendido un 0,2% con respecto al mismo mes del año anterior. Como nos recuerdan desde Ecologistas en Acción, "en los once primeros meses del año, corregidos los efectos del calendario y las temperaturas, el consumo ha sido un 2,5% inferior al del año pasado. La demanda eléctrica bruta en este periodo ha sido de 224.513 GWh [Gigavatio hora], un 2,6% menos que en el mismo periodo de 2012".
Esos beneficios se logran a costa de tres subidas en la factura eléctrica en el presente año, de ser el tercer país europeo con la factura más cara, sólo después de Chipre e Irlanda, de arrojar a más de dos millones de familias a la pobreza energética - según datos del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) - , de desequilibrar la balanza comercial española debido a las importaciones de recursos naturales para generar electricidad por valor de 45.000 millones de euros y de seguir contribuyendo de manera decidida al cambio climático.
Javier García Breva, presidente de la Fundación Renovables, se muestra contundente ante esta reforma: "Las nuevas normas sondiscriminatorias y arbitrarias con el ahorro de energía y las renovables. Un Gobierno sensato debería exigir a todas las fuentes energéticas lo que ahora se le exige al autoconsumo".
Para Jorge Morales, director general de GeoAtlanter, eléctrica especializada en energía sostenible, "nos encontramos ante las incoherencias de un sistema eléctrico sobredimensionado, donde las grandes compañías hicieron una apuesta ruinosa por la construcción de plantas de ciclo combinado, en la creencia de que la demanda eléctrica por parte de la ciudadanía crecería, cuando en realidad ha ocurrido lo contrario".
Claves de 'la contrarreforma'
Los opacos y enrevesados textos de la reforma gubernamental, con más de 4.000 folios, son toda una declaración de intenciones de un sector que se ha caracterizado por la virulencia de sus embestidas y el hermetismo sus argumentos.
Para Mario Sánchez Herrero, fundador de Ecooo, un proyecto que tiene como objetivo la transformación energética, la reforma impulsada por el Gobierno tiene una triple dimensión que no se debe obviar. "En primer lugar, aquellos aspectos que guardan una relación directa con la factura de la luz, y que pasan por el incremento del término fijo de potencia y la disminución del importe variable en función del consumo eléctrico real, lo que desincentiva de manera brutal el ahorro y la eficiencia". En segundo lugar, subraya Sánchez Herrero, "se desactiva la democratización energética a través de instalaciones de autoconsumo, con dos medidas sin parangón, como son el impuesto al sol, por el cual de cada kilowatio/hora (KWh) producido con un valor de 12,5 céntimos, siete de ellos serán para el peaje de respaldo, y a través de la amenaza, a quienes haciendo autoconsumo se nieguen a registrarse, de multas de entre seis y 60 millones de euros". Para Sánchez Herrero, "este despropósito culmina con la culpabilización de las renovables del déficit de tarifa".
Sobre el déficit de tarifa y el desequilibrio financiero del sistema eléctrico español, García Breva opina que "si algo queda claro en las normas con las que el Gobierno pretende equilibrar las cuentas del sistema eléctrico es la triple penalización al consumidor. Establece una subida de la luz automática y permanente, hace inviables el ahorro de energía y el autoconsumo, y la diferencia del déficit se carga a los presupuestos del Estado, es decir, al dinero del contribuyente". Para la Fundación Renovables, "si el objetivo es elevar los ingresos del sistema, la visión recaudatoria de las medidas va a conseguir aumentar el déficit eléctrico al alentar un descenso aún mayor de la demanda".
Respuestas a la normativa
La dimensión del dispositivo regulatorio propulsado por el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, con el apoyo de Unesa, patronal de la industria eléctrica, es de tal calibre que ha unido críticas de agentes y sectores muy variados, como es el caso de la Federación de Empresarios del Metal, que considera que el borrador del decreto de autoconsumo "contiene unas disfunciones e incoherencias que impiden el cumplimiento de sus propios objetivos. Son tales las disfunciones detectadas que, al contrario que en los países de nuestro entorno, en el caso español puede provocar una paralización total de la industria fotovoltaica, eólica de pequeña y media potencia y de otras tecnologías renovables aplicadas al autoconsumo, como consecuencia de la indebida creación de los nuevos peajes bajo el concepto de 'peajes de respaldo', que en la práctica hacen inviable el autoconsumo".
La propia base del PP se ha dividido a propósito de la iniciativa de Soria, lo que se ha evidenciado en los encarnizados y turbios enfrentamientos entre el gabinete de Montoro con el equipo de Soria. La tensión interna del Ejecutivo se ha elevado cuando, además, gobiernos autonómicos conservadores (Navarra, Murcia y Extremadura) han presentado recursos de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 9/2013, donde se adelantaban algunos de los elementos más corrosivos de la contrarreforma.
Por su parte, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, entidad que aglutina a más de 120 organizaciones y cuenta con más de diez nodos territoriales en los que participan miles de activistas, está lanzando diferentes iniciativas. Como recuerda Cote Romero, una de sus coordinadoras: "Hemos interpuesto hasta cinco denuncias ante la UE por el actual sistema energético español, hemos instado a cientos de ayuntamientos a condenar la contrarreforma de Soria. Para el 14 de diciembre tendremos nuestro primer encuentro estatal por un nuevo modelo energético y estamos analizando las posibilidades reales para lanzar una campaña de desobediencia civil. La ciudadanía no puede consentir que también le roben el sol y el viento". *José Vicente Barcia Magaz es responsable de Comunicación de Ecooo y Cocoordinador de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.
© Diego Minguito
El ministro de Industria impulsa una ley para disuadir a los pequeños productores de energía.
El ministro de Industria impulsa una ley para disuadir a los pequeños productores de energía.
Esos beneficios se logran a costa de tres subidas en la factura eléctrica en el presente año, de ser el tercer país europeo con la factura más cara, sólo después de Chipre e Irlanda, de arrojar a más de dos millones de familias a la pobreza energética - según datos del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) - , de desequilibrar la balanza comercial española debido a las importaciones de recursos naturales para generar electricidad por valor de 45.000 millones de euros y de seguir contribuyendo de manera decidida al cambio climático.
Javier García Breva, presidente de la Fundación Renovables, se muestra contundente ante esta reforma: "Las nuevas normas sondiscriminatorias y arbitrarias con el ahorro de energía y las renovables. Un Gobierno sensato debería exigir a todas las fuentes energéticas lo que ahora se le exige al autoconsumo".
Para Jorge Morales, director general de GeoAtlanter, eléctrica especializada en energía sostenible, "nos encontramos ante las incoherencias de un sistema eléctrico sobredimensionado, donde las grandes compañías hicieron una apuesta ruinosa por la construcción de plantas de ciclo combinado, en la creencia de que la demanda eléctrica por parte de la ciudadanía crecería, cuando en realidad ha ocurrido lo contrario".
Claves de 'la contrarreforma'
Los opacos y enrevesados textos de la reforma gubernamental, con más de 4.000 folios, son toda una declaración de intenciones de un sector que se ha caracterizado por la virulencia de sus embestidas y el hermetismo sus argumentos.
Para Mario Sánchez Herrero, fundador de Ecooo, un proyecto que tiene como objetivo la transformación energética, la reforma impulsada por el Gobierno tiene una triple dimensión que no se debe obviar. "En primer lugar, aquellos aspectos que guardan una relación directa con la factura de la luz, y que pasan por el incremento del término fijo de potencia y la disminución del importe variable en función del consumo eléctrico real, lo que desincentiva de manera brutal el ahorro y la eficiencia". En segundo lugar, subraya Sánchez Herrero, "se desactiva la democratización energética a través de instalaciones de autoconsumo, con dos medidas sin parangón, como son el impuesto al sol, por el cual de cada kilowatio/hora (KWh) producido con un valor de 12,5 céntimos, siete de ellos serán para el peaje de respaldo, y a través de la amenaza, a quienes haciendo autoconsumo se nieguen a registrarse, de multas de entre seis y 60 millones de euros". Para Sánchez Herrero, "este despropósito culmina con la culpabilización de las renovables del déficit de tarifa".
Sobre el déficit de tarifa y el desequilibrio financiero del sistema eléctrico español, García Breva opina que "si algo queda claro en las normas con las que el Gobierno pretende equilibrar las cuentas del sistema eléctrico es la triple penalización al consumidor. Establece una subida de la luz automática y permanente, hace inviables el ahorro de energía y el autoconsumo, y la diferencia del déficit se carga a los presupuestos del Estado, es decir, al dinero del contribuyente". Para la Fundación Renovables, "si el objetivo es elevar los ingresos del sistema, la visión recaudatoria de las medidas va a conseguir aumentar el déficit eléctrico al alentar un descenso aún mayor de la demanda".
Respuestas a la normativa
La dimensión del dispositivo regulatorio propulsado por el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, con el apoyo de Unesa, patronal de la industria eléctrica, es de tal calibre que ha unido críticas de agentes y sectores muy variados, como es el caso de la Federación de Empresarios del Metal, que considera que el borrador del decreto de autoconsumo "contiene unas disfunciones e incoherencias que impiden el cumplimiento de sus propios objetivos. Son tales las disfunciones detectadas que, al contrario que en los países de nuestro entorno, en el caso español puede provocar una paralización total de la industria fotovoltaica, eólica de pequeña y media potencia y de otras tecnologías renovables aplicadas al autoconsumo, como consecuencia de la indebida creación de los nuevos peajes bajo el concepto de 'peajes de respaldo', que en la práctica hacen inviable el autoconsumo".
La propia base del PP se ha dividido a propósito de la iniciativa de Soria, lo que se ha evidenciado en los encarnizados y turbios enfrentamientos entre el gabinete de Montoro con el equipo de Soria. La tensión interna del Ejecutivo se ha elevado cuando, además, gobiernos autonómicos conservadores (Navarra, Murcia y Extremadura) han presentado recursos de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 9/2013, donde se adelantaban algunos de los elementos más corrosivos de la contrarreforma.
Por su parte, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, entidad que aglutina a más de 120 organizaciones y cuenta con más de diez nodos territoriales en los que participan miles de activistas, está lanzando diferentes iniciativas. Como recuerda Cote Romero, una de sus coordinadoras: "Hemos interpuesto hasta cinco denuncias ante la UE por el actual sistema energético español, hemos instado a cientos de ayuntamientos a condenar la contrarreforma de Soria. Para el 14 de diciembre tendremos nuestro primer encuentro estatal por un nuevo modelo energético y estamos analizando las posibilidades reales para lanzar una campaña de desobediencia civil. La ciudadanía no puede consentir que también le roben el sol y el viento". *José Vicente Barcia Magaz es responsable de Comunicación de Ecooo y Cocoordinador de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.
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