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Diversas organizaciones sociales y políticas de México denunciaron, también, que la Cruzada contra el Hambre se estaba usando como excusa para la promoción de cultivos transgénicos. Según sostiene una investigación de la Universidad Obrera de México acerca de la soberanía alimentaria en poder de los monopolios, "a casi tres décadas de neoliberalismo económico, un reducido número de corporaciones concentran el poder de la cadena alimentaria de México y su esfera de influencia incluye las principales ramas del sector".

En México alrededor de 21 millones de personas sufren carencias alimentarias o hambre, sostuvo una legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Guadalupe Flores. Como consecuencia de ello, al menos 23 personas mueren al día por hambre, de las cuales el 75 por ciento son adultos mayores de 65 años.

Al analizar en detalle los guarismos, Flores explicitó que un millón 200 mil niños padecen desnutrición y tres millones 600 mil menores de cinco años alguna carencia alimentaria. Con respecto a la distribución geográfica dentro del país, el 12.7 por ciento se encuentra en áreas urbanas mientras que el 25.6 por ciento en zonas rurales.

La legisladora Flores denunció que "a pesar de que el Estado mexicano firma tratados internacionales a diestra y siniestra para garantizar el derecho a la alimentación, los niños, adolescentes y ancianos mueren de hambre y desnutrición". En esas críticas incluyó a la denominada Cruzada Nacional Contra el Hambre, una iniciativa lanzada este año por el gobierno nacional dirigido por Enrique Peña Nieto.

Los índices acerca de la desnutrición en México, dan cuenta de un país que atraviesa una crisis alimentaria producto de un sistema agroalimentario manejado en base a los intereses de las grandes corporaciones. El líder del Poder Ejecutivo mexicano, Peña Nieto, presentó el 21 de enero su "cruzada contra el hambre", con el objetivo de "abatir la carencia de alimentos de cerca de 7,4 millones de mexicanos", tal como sostuvo en el acto. Se trata de una planificación integral para prestar "ayuda" a alrededor de 400 municipios a lo largo del territorio nacional.

En las referencias de Peña Nieto en torno a enfrentar el flagelo del hambre no se mencionaron posibles cambios estructurales para atacar problemas vinculados, tales como el desempleo y la indigencia. Por el contrario, la política neoliberal económica del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) apunta a la austeridad en el "gasto" público, el mantenimiento de los vínculos fondomonetaristas y la regresión del rol del estado por sobre el sector privado.

Diversas organizaciones sociales y políticas de México denunciaron, también, que la Cruzada contra el Hambre se estaba usando como excusa para la promoción de cultivos transgénicos. Según sostiene una investigación de la Universidad Obrera de México acerca de la soberanía alimentaria en poder de los monopolios, "a casi tres décadas de neoliberalismo económico, un reducido número de corporaciones concentran el poder de la cadena alimentaria de México y su esfera de influencia incluye las principales ramas del sector".

En el estudio se destaca que alrededor del 60 por ciento del mercado interno de granos está en manos de corporaciones tales como Maseca, Cargill y Bimbo, las cuales manejan las cosechas, importaciones, transporte, almacenamiento y distribución. En ese sentido, las organizaciones exhortaron al gobierno de Peña Nieto a que el plan nacional involucre al Estado en la búsqueda de soluciones que fomente la producción para pequeños y medianos productores.

Por su parte, la legisladora de la oposición, Guadalupe Flores, propuso la creación de una Ley General para Garantizar el Derecho Humano a la Alimentación y Erradicar el Hambre, con el objetivo de tratar el tema desde el Estado con "un sistema interinstitucional". Con ese proyecto, el PRD busca atacar el problema desde "diferentes dimensiones como la económica, la política, la social, la institucional, jurídica y tecnológica para hacer más efectiva su erradicación",