La mala alimentación y las enfermedades asociadas representan, hoy en día, el primer problema de salud del Estado español.
Desde Justicia Alimentaria Global han propuesto un cambio de imagen al Ministerio de Sanidad. Frente a la puerta principal, un cartel del Ministerio simulando el logotipo de una conocida marca de refrescos denunciaba la continua y escandalosa colaboración de los organismos públicos con laindustria alimentaria. La denuncia a pie de calle fue acompañada de la presentación del informe "Confiad en mí. Puertas giratorias, conflictos de intereses y amistades peligrosas entre la industria alimentaria y los organismos de salud" con el objetivo de exponer el sofisticado entramado del lobby alimentario creado a lo largo de los últimos veinte años.
La mala alimentación y las enfermedades asociadas representan, hoy en día, el primer problema de salud del Estado español. Ante un problema de tal magnitud, las administraciones públicas deberían contar un plan que identificara las causas, atajara el problema y pusiera en marcha soluciones efectivas. Sin embargo, el estudio no solo demuestra la inactividad por parte de la administración para solucionar este problema, sino cómo el Estado se ha convertido en un aliado natural de la industria para el diseño y ejecución de políticas públicas totalmente contrarias al interés de los ciudadanos.
Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad
Tal y como revela el informe, la industria ha creado una narrativa que, gracias a buenas campañas de marketing y a la ayuda de distintas fundaciones y organizaciones públicas y privadas, se ha ido repitiendo hasta que la sociedad la ha interiorizado. Los mensajes más utilizados han ido orientados a culpabilizar al individuo por tratarse de un problema de malos hábitos, de dieta desequilibrada y de falta de ejercicio. Otro de los mensajes ha sido que "no hay alimentos buenos ni malos, todo depende del conjunto de la dieta", y si esto no lo afirma Nutrexpa o Bimbo, sino una universidad de prestigio, tiene mucha más fuerza. De manera alineada, estas empresas logran lo que con seguridad no podrían alcanzar por separado. De hecho, la mayoría de las grandes empresas alimentarias que contribuyen con sus productos a la mala alimentación han conseguido ligar su imagen a la salud. Para ello, la colaboración de la administración pública y las organizaciones médicas ha sido clave. Las empresas agroalimentarias saben que, en la batalla de la opinión pública, es esencial que sus argumentos estén respaldados por organismos, entidades o personas que suenen a científicos.
El quién es quién y sus herramientas
El informe expone quiénes son los actores de la agroindustria y las principales herramientas que utilizan para lograr sus objetivos. Entre ellos destacan los patrocinios de cátedras universitarias, la creación de centros de estudio vinculados a la administración, el pago de investigaciones científicas; la colocación de gente afín en puestos clave (con sus nombres y apellidos), las visitas a profesionales de la salud, los convenios de colaboración con medios de comunicación y la creación de campañas conjuntas con las administraciones.
El sobrepeso y la obesidad, dos problemas en aumento
Una de cada tres personas en el mundo padece obesidad, un 23 % más que en 1980. Por primera vez en la historia, a nivel mundial existen más personas afectadas de mala alimentación que de hambre y subnutrición. Actualmente, 1.400 millones de personas en el mundo padecen obesidad o sobrepeso y este trastorno alimenticio se cobra 3,4 millones de vidas al año. En Europa, la cifra se eleva al 58 %, es decir, una de cada dos. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en España el sobrepeso afecta al 55 % de la población y la obesidad, al 17%. Lo más alarmante es que las estimaciones de sobrepeso en diferentes países indican que la pandemia sigue creciendo.
La estrategia recomendada por la OMS, y aplicada por otros países de Europa, consiste en la implantación de distintas medidas, como el control de la publicidad de alimentos insanos dirigidos al público infantil, un etiquetado nutricional claro y la aplicación de políticas fiscales que sean coherentes con las políticas sanitarias, con el fin de favorecer los alimentos que deben formar parte de una dieta sana y equilibrada y penalizar los alimentos insanos.
Desde Justicia Alimentaria Global han propuesto un cambio de imagen al Ministerio de Sanidad. Frente a la puerta principal, un cartel del Ministerio simulando el logotipo de una conocida marca de refrescos denunciaba la continua y escandalosa colaboración de los organismos públicos con laindustria alimentaria. La denuncia a pie de calle fue acompañada de la presentación del informe "Confiad en mí. Puertas giratorias, conflictos de intereses y amistades peligrosas entre la industria alimentaria y los organismos de salud" con el objetivo de exponer el sofisticado entramado del lobby alimentario creado a lo largo de los últimos veinte años.
La mala alimentación y las enfermedades asociadas representan, hoy en día, el primer problema de salud del Estado español. Ante un problema de tal magnitud, las administraciones públicas deberían contar un plan que identificara las causas, atajara el problema y pusiera en marcha soluciones efectivas. Sin embargo, el estudio no solo demuestra la inactividad por parte de la administración para solucionar este problema, sino cómo el Estado se ha convertido en un aliado natural de la industria para el diseño y ejecución de políticas públicas totalmente contrarias al interés de los ciudadanos.
Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad
Tal y como revela el informe, la industria ha creado una narrativa que, gracias a buenas campañas de marketing y a la ayuda de distintas fundaciones y organizaciones públicas y privadas, se ha ido repitiendo hasta que la sociedad la ha interiorizado. Los mensajes más utilizados han ido orientados a culpabilizar al individuo por tratarse de un problema de malos hábitos, de dieta desequilibrada y de falta de ejercicio. Otro de los mensajes ha sido que "no hay alimentos buenos ni malos, todo depende del conjunto de la dieta", y si esto no lo afirma Nutrexpa o Bimbo, sino una universidad de prestigio, tiene mucha más fuerza. De manera alineada, estas empresas logran lo que con seguridad no podrían alcanzar por separado. De hecho, la mayoría de las grandes empresas alimentarias que contribuyen con sus productos a la mala alimentación han conseguido ligar su imagen a la salud. Para ello, la colaboración de la administración pública y las organizaciones médicas ha sido clave. Las empresas agroalimentarias saben que, en la batalla de la opinión pública, es esencial que sus argumentos estén respaldados por organismos, entidades o personas que suenen a científicos.
El quién es quién y sus herramientas
El informe expone quiénes son los actores de la agroindustria y las principales herramientas que utilizan para lograr sus objetivos. Entre ellos destacan los patrocinios de cátedras universitarias, la creación de centros de estudio vinculados a la administración, el pago de investigaciones científicas; la colocación de gente afín en puestos clave (con sus nombres y apellidos), las visitas a profesionales de la salud, los convenios de colaboración con medios de comunicación y la creación de campañas conjuntas con las administraciones.
El sobrepeso y la obesidad, dos problemas en aumento
Una de cada tres personas en el mundo padece obesidad, un 23 % más que en 1980. Por primera vez en la historia, a nivel mundial existen más personas afectadas de mala alimentación que de hambre y subnutrición. Actualmente, 1.400 millones de personas en el mundo padecen obesidad o sobrepeso y este trastorno alimenticio se cobra 3,4 millones de vidas al año. En Europa, la cifra se eleva al 58 %, es decir, una de cada dos. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en España el sobrepeso afecta al 55 % de la población y la obesidad, al 17%. Lo más alarmante es que las estimaciones de sobrepeso en diferentes países indican que la pandemia sigue creciendo.
La estrategia recomendada por la OMS, y aplicada por otros países de Europa, consiste en la implantación de distintas medidas, como el control de la publicidad de alimentos insanos dirigidos al público infantil, un etiquetado nutricional claro y la aplicación de políticas fiscales que sean coherentes con las políticas sanitarias, con el fin de favorecer los alimentos que deben formar parte de una dieta sana y equilibrada y penalizar los alimentos insanos.
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